Al presentar nueva asociación de juristas, que algo,era ex magistrados, ex funcionarios y profesionales del derecho critican la poca credibilidad de la autoridad estatal ante probables acuerdos con la delincuencia.
Abogados y profesionales del derecho en la entidad criticaron severamente la posición actual del gobierno estatal, esto en materia jurisdiccional, al asegurar que sin bien no existen evidencias irrefutables de que la autoridad haya acordado con grupos criminales, tampoco hay condiciones de otorgar voto de confianza hacia las instituciones que incluso, han otorgado posiciones de poder a personajes ligados con la comisión de delitos.
Durante rueda de prensa, donde llevaron a cabo la presentación oficial de la agrupación Ateneo Miguel Guridi y Alcocer, la cual aglomera entre sus filas a ex magistrados como Jerónimo Popocatl, los ex presidentes del poder judicial en el estado Raciel Santacruz Meneses y Roberto Perez Zarate, así como al ex procurador de justicia local Felipe Badillo, entre otros profesionistas, urgieron a sus compañeros de profesión a sumarse a la organización que dijeron, tiene como fin restituir la honorabilidad del litigio.
En ese sentido, hicieron un llamado a combatir la corrupción que se encuentra presente en el ámbito legal local, señalando que las instancias o organismos públicos carecerían de credibilidad social ante los sucesos recientes, destacando el caso del ahorita ex titular de seguridad pública estatal, quien se encuentra prófugo de la ley tras ser ligado co un proceso penal por desaparición forzada.
Señalaron que no hay ningún tipo de excusa que pueda disculpar el hecho de que tareas de suma importancia como lo es la seguridad recaigan en personas carentes de pulcritud, y que por el comentario, dan pie a las suposiciones de que incluso la titular del ejecutivo estatal pudiera haber realizado un pacto con grupos criminales, lo que explicaría el crecimiento desmedido en los indices de inseguridad en todo el estado.
Asimismo, dijeron que mucho menos hay condiciones para poder confiar en las autoridades, citando el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al haber pactado con personas identificadas como tratantes para brindarles protección, situación que dijeron se replica en las filas de la policía de investigación que oférta la proteccion a los probables tratantes de personas a cambio de dinero.
