Presentan amparo ante decreto del Gobierno del Estado,

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    Con una convocatoria abierta a participar en la manifestación pública pacífica el próximo sábado, este día organizaciones sociales por conducto de un corporativo de abogados de Coahuila interpusieron ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitud de amparo directo para la suspensión definitiva del decreto de la Gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuellar Cisneros, que exige a la población la presentación en lugares públicos esenciales del certificado de vacunación contra la Covid-19.

    Por considerar que la determinación es “inconstitucional, autoritaria y viola los derechos humanos”, la tarde de este viernes el bufete Guerrero y Asociados en representación de al menos diez organizaciones de personas entre las que se cuentan COMUSAV México, México por la Verdad Tlaxcala, Lo Mejor para Tlaxcala y Pro Vida en tres otras, de las que sus miembros no creen en la vacuna, no están inoculadas en su mayoría y están en desacuerdo al decreto que las priva de ingresar a espacios públicos, acudieron a la sede del PJF en Apizaco en Ciudad Judicial para presentar el recurso colectivo y de forma individual, en busca de suspender el acto de autoridad que calificaron de “discriminatorio”.

    “No son actos de rebeldía, no son actos de omisión… Solicitamos a la Gobernadora, al Secretario de Gobierno, Congreso y al Consejo Estatal de Salud a qué actúen con responsabilidad (…) se busca la suspensión definitiva que no nos nieguen el acceso a un hospital, la misma Secretaría de Salud no ha emitido un informe previo sobre las personas que padecen una enfermedad, los efectos secundarios que puede generar si se vacunan”, espetó el jurista Oscar Jared Guerrero.

    Al tiempo de convocar a participar en la marcha programada para las 11:00 horas en la ciudad capital y de señalar que la misma acción se estará emprendiendo en el Estado de Jalisco, el abogado reveló consideran la posibilidad de presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de la titular del Ejecutivo local, por incumplimiento a sus responsabilidades en base al Artículo 149 del Código Penal Federal y lo conducente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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