A un año persiste la impunidad en Xaltocan

Por: Sergio Espinoza

Sin castigo, la muerte de un detenido y daños generados por los hechos vandálicos a la Comisaría de Seguridad

Luego que el pasado 29 de Junio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDTH) emitiera sendas recomendaciones “por la violación a derechos humanos a la vida, la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, y a la libertad”, en contra del Ayuntamiento de Xaltocan que preside el edil neomorenista José Luis Hernández Vázquez y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que encabeza Ernestina Carro Roldán por la muerte de una persona al interior del centro de detención municipal; a la fecha el caso permanece parcialmente atendido e impune, ya que no hay ningún servidor o funcionario público asegurado por la victimización de un detenido, tampoco por los daños materiales generados por los hechos violentos perpetrados en contra de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Recordar que al mediodía de ese 17 de Julio o “domingo negro”, elementos policíales municipales atendieron reporte de alteración al orden por una supuesta riña con ingesta de bebidas embriagantes en vía pública, en la que participaban civiles vestidos con ropa deportiva, que derivó en el arresto de un hombre identificado como Quirino -N- de 50 años de edad y su hijo, los cuáles fueron sometidos y remitidos a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad; en la que en el pasillo de ingreso a la celda de detención temporal el detenido “se desvaneció repentinamente y cayó al piso” donde a pesar de que por varios minutos recibiría emergentes ciclos de reanimación, fue declarado en ausencia de signos de vida.

Posteriormente, familiares acudieron a la Dirección de Seguridad en busca del par de asegurados para pagar la multa y ponerlos en libertad ya que se trataba de una falta administrativa, recibiendo inicialmente como respuesta algunas trabas, falta y hasta negativa en la información, después tras insistir por varios minutos finalmente confirmar las sospechas de muerte de uno de los detenidos y que había que esperar se ejecutara la diligencia por parte de la dependencia responsable de procurar justicia, de la que había sido pedida su intervención; mientras cercanos a la victima buscaron dialogar con el Alcalde José Luis Hernández Vázquez, quien por razones desconocidas no atendió la situación que estaba en pleno desarrollo y amenazaba con salirse de control.

Paralelo a la concentración de personas en inmediaciones de la Comisaría donde se habían guarecido varios municipales y la llegada de policia de investigación junto con peritos de campo y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo el procedimiento de ley, se hizo patente la exigencia de justicia y la hostil negativa a que se ejecutara el protocolo de retiro de cadáver, al grado de implementar un operativo de seguridad interinstitucional por dos flancos y hasta con helicóptero; todo en un clima de fuerte tensión que se percibía hasta la carretera federal México-Veracruz y fue escalando conforme pasaban las horas, al grado de que para impedir el acto de autoridad los lugareños arremetieron contra los uniformados, las instalaciones y vehículos de seguridad, siendo uno volcado y prendido fuego.

Registrándose poco antes de caer la tarde, una segunda refriega con la que por fin se logró el rescate de los municipales y el retiro del cuerpo del occiso en unidades oficiales que lograron la extracción en medio del lanzamiento de objetos y liberación de gas lacrimógeno, pasando entonces a una tensa calma que estuvo reinante por varias horas en la cabecera municipal de Xaltocan; entonces ya con la noche presente al no haber diálogo y tampoco intenciones del Alcalde de atender la apremiante situación, rompieron la oscuridad la luz de las llamas y las columnas de humo negro generadas por el fuego que consumían varias patrullas, una ambulancia y el inmueble de la Comisaría de Seguridad, cuando hubo postura en redes reprobando los actos vandálicos y las acciones a emprender de quien encabeza del Ayuntamiento.

Luego, se daría a conocer a medias el monto de los daños y la destitución de todos los integrantes de la corporación, seguido del nombramiento del elemento castrense Oscar Arenas como sexto Director de Seguridad Pública en el período de José Luis Hernández Vázquez, quien a más de 20 días cuando se ha vencido el término para emitida postura en relación a la recomendación por parte del organismo garante de los derechos humanos en al entidad, en el sitio, perfiles y cuentas del Ayuntamiento el edil únicamente socializó la entrega de nuevas patrullas, pero no ha dicho “está boca es mía” respecto a aceptar o no los 10 puntos recomendatarios, que derivaron del dictamen que giran principalmente en el sentido de:

Girar instrucciones pertinentes para instruir procedimiento administrativo sancionador ante el Consejo de Honor y Justicia policial del Ayuntamiento, se sustancie procedimiento de investigación para calificar posibles fallas y en su caso sancionarlos en términos de la ley; se sustancie investigación y en su caso inicie procedimiento administrativo contra el presidente municipal, se coadyuve con la PGJE en sustanciación y conclusión de Carpeta de Investigación para que las víctimas colaterales conozcan realidad de los hechos en la que la víctima perdió la vida, realizar gestiones necesarias para la reparación integral del daño.

Así también, implementar estrictos controles de ingreso y permanencia del personal de seguridad, llevar a cabo disculpa pública como garantía de satisfacción de los afectados, gestionar inscripción de familiares en el Registro Estatal de Víctimas; realizar gestión en coordinación con la CEDH para que la recomendación se haga pública en el sitio web del Ayuntamiento, designar servidor público con nivel jerárquico y posibilidad de decisión para fungir como enlace con la CEDH, realizar gestiones para obtención de cursos integrales para educar, formar y capacitar en primeros auxilios a elementos de la policía municipal; capacitar respecto a obligaciones y deberes de la autoridad en materia de derechos humanos, respecto a la vida, la legalidad y seguridad, concretamente en cuanto a facultades y actuación con la implementación de protocolos.

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