En tan solo un año, Jorge Corichi Fragoso y Maribel Pérez Arenas hicieron desaparecer 31.3 millones de pesos de las arcas de la capital. A pesar del enorme desfalco, ambos descansan tranquilamente en sus hogares, aparentemente protegidos por su afiliación al partido Morena. Corichi, en particular, no ha logrado justificar el uso de más de 30 millones de pesos en un lapso de un año y siete meses.
Resulta increíble que la capital de Tlaxcala se haya convertido en el municipio con el mayor número de observaciones por posible daño patrimonial en la entidad. El alcalde con licencia, Jorge Corichi Fragoso, y la alcaldesa suplente, Maribel Pérez Arenas, son responsables de desvíos por valor de 31.3 millones de pesos en su cuenta pública del ejercicio fiscal de 2023. Es importante destacar que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) solo ha revisado alrededor de 150 millones de los aproximadamente 450 millones de pesos manejados, ya que la mayoría será auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La situación se complica para Jorge Corichi Fragoso, exaspirante al Senado de la República, dado que también fue reprobada su cuenta pública del ejercicio fiscal de 2022. En dicho ejercicio, no pudo justificar el gasto de 13 millones 906 mil 14.60 pesos, acumulando desvíos por más de 30 millones de pesos en un periodo de 19 meses. A pesar de estas irregularidades, ambos alcaldes descansan impunemente en sus hogares, aparentemente protegidos por su afiliación al partido Morena, aquellos que prometieron no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
El lunes, el titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, presentó los informes de resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2023. En el caso del municipio de Tlaxcala, se identificó un probable daño patrimonial por 31 millones 359 mil 839.29 pesos, lo que resultaría en la reprobación de su cuenta.
Dentro de las irregularidades detectadas, se destacan pagos improcedentes por casi 18 millones de pesos, incluyendo la renta de patrullas que, al final del mandato, serán devueltas al proveedor, dejando al municipio sin una unidad y generando un posible desfalco considerable. También se identificaron pagos por bienes y servicios por más de seis millones de pesos que no fueron debidamente acreditados o utilizados, así como casi dos millones de recursos otorgados a miembros del ayuntamiento que nunca fueron justificados. Además, se encontraron pagos por casi tres millones de pesos relacionados con obras inexistentes o volúmenes no ejecutados.
Resulta sorprendente que a pesar de contar con una Coordinación de Comunicación Social, el ayuntamiento haya desembolsado 765 mil 600 pesos por servicios de relaciones públicas para una dirección específica. Además, se reportó un pago de casi 700 mil pesos por concepto de hojalatería, pintura, rotulación y electricidad para unidades en condiciones precarias, incluso una de ellas en desuso en un corralón.
En resumen, en tan solo dos años, ambos alcaldes han administrado el municipio, sin que hasta el momento ni el OFS ni la aún existente Procuraduría General de Justicia en el Estado hayan tomado acciones legales en su contra. En particular, Jorge Corichi Fragoso no ha podido justificar el destino de 13 millones 906 mil 14.60 pesos de su cuenta pública del año 2022.
