Por: Jesús Lemus
De acuerdo a lo plasmado en el estudio El Linchamiento en México, de la autoría de Raúl Rodríguez Guillen y Norma Ilse Ávila, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se hace un estudio a profundidad de ese fenómeno, en nuestro país, de 1988 al 2014, se han registrado por lo menos 336 muertes por linchamiento
La principal causa de los linchamientos en México es la ausencia del estado como entidad rectora para la impartición de justicia. Si bien es cierto que México no repunta entre los países en donde el mayor número de linchamientos se dan, sí es cierto que México es uno de los primeros países del mundo en donde la impunidad cobija a los linchadores.
Sumado al debilitamiento del estado, también la corrupción en las esferas de gobierno contribuyen de forma importante para que los sucesos, en donde comunidades completas intentan hacer justicia de propia mano, sigan a la alza, evidenciando el estado de descomposición social.
En nuestro país, a causa de la corrupción reinante, el estado ha dejado de lado su función rectora para la impartición de justicia, llevando a esos hechos sociales tan complicados en donde la comunidad intenta hacer justicia por su propia mano.
Pero lo más lamentable es que en la mayoría de los linchamientos, los perpetradores no son perseguidos, como no se persiguen la mayoría de los delitos.
De acuerdo a lo plasmado en el estudio El Linchamiento en México, de la autoría de Raúl Rodríguez Guillen y Norma Ilse Ávila, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se hace un estudio a profundidad de ese fenómeno, en nuestro país, de 1988 al 2014, se han registrado por lo menos 336 muertes por linchamiento.
Dicha cifra se dispara entre el 2014 al 2024. En solo una década, el numero de linchamientos a nivel nacional, ya alcanzó la suma de 763, mas de sesenta linchamientos por años, donde destaca como factor común la ausencia del estado para atender reclamos de justicia de grupos sociales diversos.
Un recuento de lo publicado en la mayoría de los medios locales de comunicación apunta que solo en lo que va de este 2025 se han registrado 22 linchamientos, en tanto que al menos 28 agresiones quedaron solo en el intento. La mayor parte de esos linchamientos e intentos de ejecución colectiva se concentran en el Distrito Federal y seis estados de la república: Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Solo en los estados de Colima, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí no se han registrado eventos de linchamiento en lo que va de este año. La entidad que mayor cantidad de linchamientos consumados ha registrado hasta la semana pasada es Puebla, en donde las ejecuciones públicas, sangrientas y masivas son consideradas con aspectos culturales e idiosincráticos.
La cultura del linchamiento en algunas entidades, como Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, no solo es vista como un fenómeno cultural, sino que es tolerada por las instancias procuradoras de justicia, las que hacen poco o nada para dar con la detención y procesamiento judicial de los participantes en esos eventos.
No por nada, así lo revela la información de las procuradurías de justicia de Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, menos el 2 por ciento de los que intervienen en linchamientos son sometidos a procesos penales. En Chiapas, en donde en los últimos 3 años se han registrado 11 linchamientos, solo hay una persona procesada por ese delito. En Oaxaca, con 8 linchamientos en 2 años, solo se tienen procesados a dos detenidos. En tanto que en el Estado de México, con 19 linchamientos en 18 meses, solo hay 6 procesados por ese delito.
De acuerdo a lo expresado por el abogado Raúl Rodríguez Guillen, la impunidad que se le ha otorgado a este delito, ha hecho que la figura de la justicia comunitaria -fincada en usos y costumbres, con métodos punitivos conciliadores- se tergiverse, para derivar en eventos de barbarie colectiva tolerados por el estado.
Es otra forma de autodefensa
Para el investigador y promotor de los derechos humanos en Puebla, Rogelio Rubén Galaviz, los linchamientos, más allá de su cuestionamiento social reprobable a todas luces, no es otra cosa que una forma de autodefensa. “Es la respuesta de la población, la que cansada de no ser escuchada por la autoridad en sus reclamos de justicia, decide hacer justicia por su propia mano”.
Las revueltas de linchamientos –explicó Herfer- son iguales que los movimientos de autodefensa, solo que no hay armas de grueso calibre de por medio, pero la intención es la misma: asumir el papel del estado en la impartición de justicia. Todo porque el estado ha quedado rebasado, a veces a causa de la corrupción, en su función rectora de la seguridad pública.
Galaviz coincidió con el abogado Raúl Rodríguez Guillén, al considerar que las lonas colocadas en cientos de colonias populares, en donde los vecinos organizados anuncian el linchamiento de los ladrones que sean sorprendidos en sus inmediaciones, son una clara advertencia de la justicia por propia mano, tanto para los ladrones como para el mismo estado, que se manifiesta apacible ante esa intención.
Dijo Raúl Rodríguez Guillén, que en el caso de los linchamientos el estado no solo es responsable por su omisión antes y durante los sucesos, o por la impunidad otorgada después de alguno de esos eventos, sino que al estado le compete responsabilidad porque el mismo estado propicia a veces los linchamientos, “sobre todo cuando permite la presencia de agentes encubiertos para su investigaciones”. Eso hace que comunidad completas se sientan agredidas y se mantengan en alerta.
En Michoacán, aun cuando no se registran como linchamiento por el estado de violencia que persiste, los grupos de autodefensa que se mantienen armados –reconoció un funcionario de la secretaría de gobierno del estado-, en lo que va de este año también se han registrado ejecución por mano propia, encabezadas por grupos sociales apoyados por lo civiles armados.
De acuerdo a los datos de la propia secretaría de gobierno del estado, los grupos de autodefensas de Michoacán, sin recurrir a la escenificación de movilizaciones sociales en plazas públicas o a la escenificación de protestas colectivas, han realizado más de 20 ejecuciones por mano propia en lo que va de este año. En la totalidad de esos casos la procuraduría de justicia solo ha integrado las averiguaciones previas correspondientes, sin ahondar en el proceso de investigación para la detención de los responsables.
El Robo y el PRI, lo que más enardece
La estadística nacional de linchamientos con la que México inicia el presente año es récord. La sola cifra preliminar que se lleva a la fecha de 22 homicidios colectivos y 28 intentos de ejecución publica ya supera las estadísticas hasta antes del 2014. Pero llama la atención que el mayor número de linchamientos se ha registrado en comunidades municipales gobernadas por el PRI.
A ese dato se le debe agregar que el mayor número de homicidios resultados de la colérica turba fueron ejecutados por la masa a causa del delito del robo. El 78 por ciento de los ejecutados en los estados de Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, fueron personas sorprendidas en el acto del robo. Después, siguen las estadísticas de los medios locales de esas entidades, fue el secuestro y la violación.
La forma preferida de la turba, para hacer justicia por su propia mano, es la horca. El 84 por ciento de los linchados en este año han muerto a mano de sus captores colgados de un árbol o poste frente a la plaza principal, para demostrar a la autoridad el poder de las masas. Otros métodos utilizados para las ejecuciones públicas, son la lapidación, la laceración y la incineración, respectivamente.
En suma, en los estados de Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, en donde se concentra el mayor número de personas linchadas e intentos de linchamiento, solo hay 12 personas sometidas a proceso penal por su probable participación en eventos que terminaron en la muerte extrajudicial de un detenido. Llama la atención el estado de Michoacán, en donde no hay un solo procesados pese a la existencia de 20 posibles linchamientos.
Para el abogado Gabriel López, defensor de derechos humanos, la falta de procesamiento de los involucrados en linchamientos también es una debilidad clara del estado, tan igual a la de no responder a los reclamos de justicia de la turba. “No hay policía que responda de inmediato ni número suficiente (de policías) para enfrentar casos eventuales”.
Dijo que tras los linchamientos todo parece quedar en estado de calma. Los ministerios públicos solo levantan actas, más no realizan investigaciones que permitan la detención de los que asumieron el papel del estado en la impartición de justicia, ello motiva a estos actos, que son graves y que deben ser castigados.
