Por: Alberto Jordan
La tarde del miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 19:30 horas, la rueda de la fortuna instalada en la llamada aldea navideña de Huamantla presentó una falla mecánica que, de acuerdo con versiones de padres de familia y usuarios, puso en riesgo la integridad de varios asistentes, entre ellos menores de edad.
Testimonios recabados en el lugar señalan que, tras pagar 50 pesos por persona y abordar el juego, la estructura comenzó a presentar fallas, quedando detenida a una altura considerable con varias personas atrapadas en las canastillas. La situación generó momentos de tensión y pánico entre los usuarios y sus familiares, quienes alertaron a las autoridades.
Al sitio arribó personal de Protección Civil y elementos de la policía municipal de Huamantla, quienes, junto con operadores del juego mecánico, realizaron maniobras manuales para descender uno a uno a los usuarios. La operación se prolongó varios minutos y fue observada por decenas de personas.
De acuerdo con versiones de tripulantes y familiares, un menor de edad estuvo a punto de caer durante el incidente, lo que incrementó la preocupación por las condiciones de seguridad del juego. Sin embargo, esta versión contrasta con la postura oficial.
A través de su cuenta personal de Facebook, el presidente municipal, Salvador Santos Cedillo, aseguró que el juego mecánico “no puso en riesgo a los ciudadanos” y que se realizaría una valoración técnica para determinar si la rueda de la fortuna continúa operando o es retirada de la aldea navideña.
No obstante, hasta el cierre de esta edición, no existía un comunicado oficial por parte del ayuntamiento o de Protección Civil que precisara el resultado del diagnóstico, las causas de la falla ni si el juego contaba con los permisos y revisiones de seguridad correspondientes.
El incidente vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una supervisión estricta y transparente de los juegos mecánicos instalados en ferias y eventos públicos, particularmente cuando están dirigidos a familias y niños. La seguridad no puede quedar sujeta a improvisaciones ni a comunicados en redes sociales; es una obligación de las autoridades garantizarla y rendir cuentas con claridad.
