La violencia contra la prensa en México volvió a cobrar una víctima. La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio por un comando armado que irrumpió en su domicilio en el municipio de Nanchital, Veracruz.
La confirmación del homicidio ocurrió tras la captura de José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, presunto integrante de un grupo criminal que operaba en el sur de Veracruz. De acuerdo con información oficial, tras su detención el imputado proporcionó a las autoridades el sitio donde fue privada de la vida la comunicadora, lugar que permanece bajo resguardo para la realización de diligencias periciales. (La Jornada)
Las investigaciones también han derivado en la detención de policías municipales presuntamente relacionados con el caso, entre ellos un mando policiaco y varios elementos operativos, quienes son investigados por su posible participación en el secuestro y homicidio de la periodista. (Red Crucero)
El caso ha generado una profunda indignación en el gremio periodístico y entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que desde la desaparición de Roxana exigieron una investigación exhaustiva y que no se descarte como principal línea de investigación el ejercicio de su labor informativa.
Sin embargo, pese a las detenciones y los avances en la indagatoria, persisten las interrogantes más importantes: ¿quién ordenó el asesinato de Roxana Guzmán?, ¿cuál fue el móvil del crimen?, ¿estuvo relacionado con su actividad periodística o con otros intereses criminales? Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado una respuesta oficial a estos cuestionamientos. (El País)
El asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez se suma a la larga lista de agresiones contra periodistas en México, un país que continúa figurando entre los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La impunidad en los delitos cometidos contra comunicadores sigue siendo uno de los mayores desafíos para las instituciones encargadas de procurar justicia.
Familiares, colegas y organizaciones civiles han reiterado su exigencia de que el caso sea esclarecido por completo, se castigue a todos los responsables —materiales e intelectuales— y se garantice que este crimen no quede impune.
