Por: Alberto Amaro
La presidenta de comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, municipio de Yauhquemehcan, Alicia Michely Vázquez Trujillo, conocida como “La Gavilana”, habría lanzado amenazas e intimidaciones contra una periodista tras la publicación de un reportaje relacionado con las afectaciones provocadas por la intensa lluvia registrada el pasado 31 de mayo en el fraccionamiento Real del Valle.
De acuerdo con la información recabada, la comunicadora documentó al menos 20 testimonios de habitantes afectados por las inundaciones derivadas de la tromba. Sin embargo, la autoridad auxiliar, presuntamente molesta por la difusión de los hechos, habría exigido el retiro de las publicaciones realizadas por el medio digital MR Noticias.
Según los señalamientos, Vázquez Trujillo descalificó el trabajo periodístico al calificarlo como “chismes sin fundamentos”, evidenciando, según los denunciantes, un preocupante desconocimiento sobre el derecho a la libertad de expresión y el papel que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad democrática.
La libertad de expresión es un derecho humano y una garantía constitucional que protege tanto a periodistas como a ciudadanos para informar, opinar y denunciar hechos de interés público. Pretender censurar publicaciones o intimidar a comunicadores por documentar problemáticas que afectan a la población no sólo representa un acto contrario a los principios democráticos, sino que también refleja la falta de preparación y conocimiento de algunos servidores públicos sobre los límites de su función y las garantías fundamentales de la ciudadanía.
Resulta preocupante que autoridades municipales o de comunidad, cuya responsabilidad es atender las demandas sociales y rendir cuentas a la población, respondan con amenazas o intentos de censura ante cuestionamientos públicos. La crítica, el escrutinio ciudadano y el trabajo periodístico son elementos indispensables para la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier gobierno.
Habitantes de la comunidad también recordaron diversos episodios en los que la presidenta de comunidad habría mostrado una actitud prepotente y soberbia hacia la ciudadanía. Como antecedente, señalaron una manifestación realizada en diciembre de 2025 por vecinos inconformes con la remodelación de una agencia automotriz ubicada sobre la carretera Apizaco-Tlaxcala.
Durante dicha protesta, afirman que la funcionaria acudió al lugar y, lejos de atender las inquietudes de los manifestantes, adoptó una actitud burlona que generó molestia entre los presentes. Incluso, algunos ciudadanos solicitaron la intervención del presidente municipal, David Vega Terrazas, para que la presidenta de comunidad se retirara del sitio.
Finalmente, vecinos de Santa Úrsula Zimatepec manifestaron que existe temor de expresar públicamente inconformidades en contra de Alicia Michely Vázquez Trujillo, debido a la reputación de violencia que atribuyen a integrantes de su familia, conocidos en la comunidad como “Los Gavilanes”, situación que, aseguran, ha generado un ambiente de intimidación entre algunos habitantes.
En una democracia, ningún funcionario público está por encima de la crítica ciudadana ni del trabajo de la prensa. Quienes ejercen cargos de representación deben entender que la transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones inherentes a su función, y que intentar silenciar voces críticas únicamente fortalece la percepción de autoritarismo e intolerancia frente a los problemas que demanda la sociedad.
