Por: Alberto Amaro
La mañana de este lunes 8 de junio, una patrulla oficial adscrita a la Policía de Género del municipio de Yauhquemehcan, identificada con el número económico PY-039, se vio involucrada en un accidente automovilístico sobre la carretera federal Apizaco-Tlaxcala, dejando como saldo dos elementos policiacos lesionados y una mujer herida que conducía un vehículo Volkswagen Vento color negro.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad oficial habría impactado de manera presuntamente negligente al automóvil particular cuando el vehículo particular circulaba sobre dicha vía federal.
Sin embargo, más allá del percance vial, la actuación posterior de las autoridades municipales ha generado serios cuestionamientos por un posible abuso de autoridad y una presunta invasión de competencias federales.
Fuentes consultadas señalaron que el “opaco” director de Seguridad Pública Municipal, Juan Carlos Vásquez Barrios, ordenó que tanto la patrulla involucrada como el vehículo particular fueran retirados del lugar y trasladados a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Yauhquemehcan, pese a que el accidente ocurrió en un tramo carretero de jurisdicción federal.
Esta decisión ha sido señalada como una acción irregular, ya que, conforme a la normativa vigente, el conocimiento y procesamiento de los hechos en carreteras federales corresponde a la Guardia Nacional División Caminos.
La determinación de retirar las unidades antes de la intervención de la autoridad competente levanta sospechas sobre un posible intento de controlar la investigación y evitar que una instancia imparcial determinara las responsabilidades derivadas del accidente.
Cuando una corporación involucrada en un hecho de tránsito asume el control del procedimiento sin la intervención de la autoridad competente, se configura un escenario donde la misma institución se convierte en juez y parte, comprometiendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para las víctimas.
Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Yauhquemehcan ni la Dirección de Seguridad Pública Municipal han emitido una explicación pública sobre las razones por las que las unidades fueron retiradas del sitio ni sobre la intervención que correspondía a la Guardia Nacional.
Los hechos vuelven a colocar bajo escrutinio el actuar de la corporación municipal, particularmente cuando se trata de incidentes en los que sus propios elementos se encuentran involucrados y donde la actuación institucional debe apegarse estrictamente a la legalidad para evitar cualquier indicio de encubrimiento o conflicto de interés.
