Por: Alberto Amaro
Un video difundido por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala para informar sobre el operativo “Mujeres Libres de Violencia” terminó generando una ola de burlas y críticas en redes sociales.
De acuerdo con la información oficial, el operativo permitió la clausura de nueve moteles por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), además de la entrevista y registro de 28 mujeres localizadas en dichos establecimientos.
Sin embargo, la propia información difundida por la Fiscalía no refiere personas detenidas ni víctimas de trata de personas rescatadas como resultado del despliegue, lo que provocó cuestionamientos de usuarios sobre el alcance y los resultados de la estrategia.
A casi cinco años del inicio de la gestión de la fiscal Ernestina Carro Roldán al frente de la institución encargada de procurar justicia en Tlaxcala, resulta llamativo que apenas se anuncie un operativo de esta naturaleza, considerando que la entidad ha sido identificada durante años como una de las regiones con antecedentes relacionados con el delito de trata de personas.
Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante la participación de Óscar Braulio Angulo Terova, Fiscal Especializado para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, quien durante la lectura del mensaje institucional pronunció el nombre del municipio de Papalotla como “Papalocla”.
El error fue rápidamente retomado por usuarios de Facebook, quienes comenzaron a referirse al funcionario con el apodo de “Fiscal Papalocla”, acompañando el video con memes, comentarios y críticas sobre la preparación de los mensajes institucionales.
Además del error de pronunciación, algunos usuarios cuestionaron que el funcionario leyera un guion de manera evidente, situación que, en opinión de diversos internautas, restó credibilidad al mensaje que pretendía difundir la dependencia.
En redes sociales también surgieron comentarios críticos respecto de la estrategia de comunicación de la Fiscalía, al considerar que privilegia la difusión de videos institucionales por encima de la presentación de resultados concretos en materia de procuración de justicia. Asimismo, algunos usuarios expresaron opiniones sobre la integración de carpetas de investigación y la liberación de personas detenidas en diversos casos.
Tlaxcala y la trata de personas
La trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. De acuerdo con el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas y la legislación mexicana, este delito consiste en captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas mediante engaño, amenazas, violencia, abuso de poder o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación.
Las formas de explotación incluyen, entre otras, la explotación sexual, el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre, la mendicidad forzada, el matrimonio forzado, la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas, así como la extracción ilegal de órganos.
Desde una perspectiva de derechos humanos, las víctimas deben ser tratadas con dignidad, recibir protección integral, acceso a la justicia, atención médica, psicológica y acompañamiento especializado, evitando cualquier forma de revictimización.
Durante más de dos décadas, Tlaxcala ha sido mencionado en investigaciones académicas, informes de organismos nacionales e internacionales y resoluciones judiciales por la presencia de redes dedicadas a la explotación sexual de mujeres y adolescentes, particularmente con origen en municipios del sur del estado. Esta situación ha colocado a la entidad como un referente nacional e incluso internacional en el estudio y combate de este delito.
Organizaciones civiles han señalado de manera reiterada que combatir la trata de personas requiere investigaciones sólidas, coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, persecución efectiva de las organizaciones criminales, protección integral para las víctimas y sentencias que garanticen el acceso a la justicia, más allá de operativos o campañas de difusión institucional.
