Un funcionario del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Tlaxcala fue señalado por presuntamente provocar un accidente automovilístico mientras conducía bajo los efectos del alcohol y posteriormente intentar intimidar a elementos de la policía municipal que atendieron el hecho.
De acuerdo con una denuncia ciudadana, el involucrado sería Jesús Antonio García Télez, identificado como director de Sistemas del C5i, quien presuntamente impactó su vehículo sobre la avenida Ribereña, a la altura del recinto ferial.
Según la versión difundida por testigos, al arribar los policías municipales para atender el percance y realizar el procedimiento correspondiente, el funcionario habría intentado evadir su responsabilidad identificándose como un alto mando de seguridad pública. Incluso, presuntamente hizo alarde de su cargo y aseguró contar con el respaldo del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Neri Toshiro León Sauza, en un aparente intento por influir en la actuación de los uniformados.
La denuncia también refiere que, en lugar de permitir que el procedimiento se desarrollara conforme a la ley, se habrían utilizado vehículos oficiales para retirar la unidad involucrada en el accidente, situación que ha generado cuestionamientos sobre un posible uso indebido de recursos públicos y un eventual trato privilegiado.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, hasta el momento, no existe información oficial que confirme si al funcionario se le practicó la prueba de alcoholemia, si fue puesto a disposición de la autoridad competente o si recibió alguna sanción administrativa o penal derivada de los hechos.
La actuación atribuida al director de Sistemas del C5i también ha sido objeto de críticas, ya que, de confirmarse los señalamientos, habría intentado “charolear” e intimidar a los policías municipales que únicamente cumplían con su deber al atender un hecho de tránsito y aplicar los protocolos correspondientes, conducta que contraviene los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a la autoridad que deben observar los servidores públicos.
Hasta el cierre de esta edición, ni el C5i ni el SESESP han emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos ni han aclarado si existe una investigación interna para determinar responsabilidades.
