Por: Alberto Amaro
Pese a haber sido señalado directamente como el presunto responsable de un aparatoso accidente que dejó prácticamente en pérdida total dos vehículos estacionados, un elemento de la Secretaría de Marina fue dejado en libertad por autoridades municipales de Apizaco, situación que ahora es cuestionada por las víctimas, quienes advierten una posible actuación irregular de los servidores públicos que intervinieron en el caso.
El marino fue identificado como Zaid Cuayahuitl Sánchez, elemento adscrito en el municipio de Tuxpan, Veracruz.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 9 de agosto, en la esquina de la avenida Heroico Colegio Militar y el bulevar 16 de Septiembre, en el municipio de Apizaco.
De acuerdo con la versión de las víctimas y testigos, Cuayahuitl Sánchez conducía un Volkswagen Gol, modelo 2018, color gris, con placas del estado de Veracruz, presuntamente a exceso de velocidad, cuando perdió el control y terminó impactándose contra dos unidades que se encontraban estacionadas frente a establecimientos dedicados a la venta de alimentos.
Los vehículos afectados fueron un Volkswagen Gol y una Renault Kangoo, ambos con daños de consideración que, según los afectados, los dejaron prácticamente en pérdida total.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Apizaco, quienes tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al conductor luego de que las víctimas realizaran un señalamiento directo como presunto responsable.
LO DETIENEN, NO HAY ACUERDO… Y TERMINA EN LIBERTAD
De acuerdo con la información proporcionada por los afectados, después de que no se alcanzara un acuerdo para garantizar la reparación de los daños, el elemento de la Secretaría de Marina habría sido dejado en libertad y únicamente quedó a disposición del Ministerio Público las unidades involucradas.
Las víctimas aseguran que el presunto responsable buscó hacer tiempo para que no lo pusieran a disposición del ministerio público.
Según la versión oficial pasaron cuatro horas, pero en un caso normal los primeros respondientes sólo otorgan media hora para llegar a una mediación, en caso de lo contrario se pone a disposición del ministerio público.
Con este actuar, se observa que no existió un registro inmediato de la detención, además de que no se cumplió lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que, en los casos de flagrancia, la persona detenida debe ser puesta sin demora a disposición de la autoridad civil correspondiente, ya que no existió registro de detención y se facilitaron más de cuatro horas para mediar.
¿HUBO PROTECCIÓN POLICIAL?
El caso abre una pregunta que ahora deberá responder la autoridad: ¿por qué un conductor señalado como responsable, de cuantiosos daños materiales, los cuales por la hora el día son difíciles de reparar en el momento, los elementos permitieron pasará cuatro horas lo que generó que el marino terminará en libertad?
La respuesta deberá encontrarse en los registros oficiales de la detención, el parte policial, los dictámenes periciales, las cámaras de videovigilancia y las actuaciones remitidas al Ministerio Público.
Y es precisamente aquí donde podría existir materia para investigar la actuación de los propios servidores públicos.
El artículo 157 del Código Penal de Tlaxcala establece como abuso de autoridad, entre otras conductas, omitir el registro de una detención o dilatar injustificadamente la puesta a disposición del detenido ante la autoridad correspondiente. El mismo ordenamiento contempla penas de hasta nueve años de prisión en determinados supuestos.
Más aún: el artículo 169 establece que cuando los delitos previstos en el artículo 157 son cometidos por servidores públicos integrantes de una corporación policiaca, las penas pueden aumentar hasta en una mitad.
Pero existe otra posibilidad que, de acreditarse mediante una investigación ministerial, podría ser todavía más delicada.
El artículo 220 del Código Penal estatal, relativo al encubrimiento por favorecimiento, sanciona a quien, después de la comisión de un delito y sin haber participado en éste, ayude al responsable a eludir las investigaciones de la autoridad, favorezca su ocultamiento o incluso altere, destruya o haga desaparecer indicios relacionados con un hecho delictivo.
Por ello, si se demostrara que algún elemento o mando policial deliberadamente ayudó al conductor a evadir la acción de la justicia, la Fiscalía tendría que determinar si los hechos encuadran en alguno de estos delitos, además de las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse.
EL JUEZ QUE NO INTERVINO PERO FUE ACUSADO
Por último, se sabe que los protocolos establecidos al interior de la Dirección de Seguridad Pública Vialidad y Transporte del municipio de Apizaco, son los siguientes: en caso de que una unidad participe en un accidente vial y no sea puesta a disposición del ministerio público, llegando a un acuerdo entre particulares el hecho será puesto a disposición del juez municipal, de lo contrario los primeros respondientes realizan su puesta a disposición con apoyo de una elemento de nombre Mayela.
Es por esta razón que es raro que al existir una supuesta negociación al interior de la policía municipal el juez tuvo que haber tenido conocimiento, pero de manera irregular el hecho nunca fue de conocimiento del juez municipal.
Porque una cosa es dejar libre a una persona conforme al procedimiento legal; otra muy distinta sería dejarla libre violando la ley. Y esa diferencia tendrá que ser aclarada por las autoridades.
