Por: Alberto Amaro
La polémica por la agresión registrada durante la denominada carrera de colores en el marco de la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla 2026 dejó de ser únicamente un asunto de violencia entre particulares. Ahora, el debate público se ha trasladado a otro terreno: las contradicciones en el discurso oficial y la presencia de personas cercanas al círculo familiar del presidente municipal, Salvador Santos Cedillo.
Luego de que el video de una agresión se viralizara en redes sociales, el alcalde difundió la versión de la víctima y aseguró que el Ayuntamiento de Huamantla no tenía relación con los hechos. Sin embargo, esa postura no logró cerrar la discusión; por el contrario, abrió nuevas interrogantes entre ciudadanos y usuarios de redes sociales.
La principal pregunta que comenzó a repetirse fue sencilla: si el gobierno municipal no tenía ninguna relación con la organización o desarrollo del evento, ¿qué hacía una integrante de la familia política del alcalde en el lugar y participando activamente durante los momentos posteriores a los hechos?
Diversos usuarios recordaron un segundo video que pasó prácticamente inadvertido en medio de la indignación colectiva. En esas imágenes se observa a Ricardo N., señalado por las agresiones difundidas en redes sociales, presuntamente arrebatando un teléfono celular a una persona adulta mayor y posteriormente arrojándolo.
En la misma grabación puede apreciarse cómo el dispositivo es recogido por Nicte N., identificada públicamente como cuñada del presidente municipal Salvador Santos Cedillo y pareja de Luis Miguel Quiroz, secretario particular del alcalde.
Además de que Nicte N., porta un radio color negro de la misma marca y tipo del que porta Ricardo N., hecho que confirma que la cuñada de Salvador Santos Cedillo, y quien llevaría varios negocios propiedad del edil municipal estaría involucrada en la carrera de colores.
Ese material audiovisual reavivó las dudas sobre la narrativa oficial. Porque si el Ayuntamiento sostiene que no tuvo participación alguna, resulta legítimo cuestionar el nivel de involucramiento de personas cercanas al primer círculo del poder municipal.
Más allá de las explicaciones posteriores, también quedó pendiente una aclaración sobre el segundo incidente. Ricardo N. difundió una disculpa pública por su comportamiento; sin embargo, nunca precisó a qué hechos se refería ni abordó directamente la presunta agresión contra una persona adulta mayor o el arrebato del teléfono celular.
La percepción ciudadana es importante en cualquier administración pública. Y precisamente por ello, considero que si realmente existía una genuina preocupación institucional por condenar la violencia, el pronunciamiento oficial debió abarcar todas las conductas denunciadas y no únicamente aquella que alcanzó mayor viralidad en redes sociales.
Porque la justicia selectiva difícilmente puede considerarse justicia, y las condenas parciales suelen parecer más estrategias de control de daños que auténticos ejercicios de rendición de cuentas.
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La feria que sí llegó a los medios nacionales
Huamantla siempre ha presumido su feria como una de las más importantes del país. Año con año se busca proyectarla como un escaparate turístico, cultural y económico. Sin embargo, en esta ocasión la difusión nacional no llegó precisamente por la riqueza de sus tradiciones, sus alfombras o sus eventos artísticos.
Paradójicamente, la Feria Huamantla 2026 comenzó a aparecer en conversaciones y espacios informativos por escenas de violencia protagonizadas por personas vinculadas al entorno cercano del poder municipal.
Vaya forma de posicionar una feria. Mientras otros municipios buscan titulares por su oferta cultural, en Huamantla el reflector terminó apuntando hacia videos de agresiones, disculpas a medias y cuestionamientos sobre quiénes estaban realmente detrás de la organización.
Al final, la verdadera carrera no fue la de colores. Fue la carrera por deslindarse de responsabilidades.
Y esa, hasta ahora, parece no tener línea de meta.
