Exponen a menores en una manifestación en Apizaco

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Por: Alberto Amaro 

En Apizaco, una movilización contra el Ayuntamiento abrió el debate sobre la responsabilidad de los convocantes y los riesgos a los que pueden quedar expuestos niñas, niños y adolescentes.

La defensa de los derechos de los comerciantes y el rechazo a posibles abusos de autoridad son causas legítimas de protesta social; sin embargo, también es necesario cuestionar las decisiones de quienes convocan y encabezan movilizaciones cuando en ellas participan personas menores de edad, particularmente si existe la posibilidad de enfrentamientos o situaciones de riesgo.

El 20 de agosto del año en curso, se llevó a cabo una manifestación en distintas calles de Apizaco, que concluyó frente a la Presidencia Municipal, luego de un conflicto entre comerciantes y Benito Ricardo Rojas, coordinador de Industria y Comercio.

La movilización fue convocada por Enrique N., representante de RCP Tlaxcala, bajo el argumento de defender a los comerciantes frente a lo que consideran posibles abusos de poder por parte de funcionarios municipales.

Al término de la protesta, el presidente municipal, Javier Rivera Bonilla, aceptó establecer una mesa de trabajo para atender las inconformidades. Durante la reunión se formalizaron acuerdos en un documento en el que Enrique N. firmó en calidad de cofundador de RCP; sin embargo, en la información disponible no se advierten firmas de los comerciantes que, en principio, serían los principales interesados en la negociación.

Este hecho también plantea interrogantes sobre la representación de quienes participan en una protesta y la manera en que se documentan los acuerdos alcanzados con las autoridades.

Una menor de edad en medio de la movilización

Más allá de las diferencias entre comerciantes y autoridades municipales, uno de los aspectos que llamó la atención fue la presencia de personas menores de edad durante la manifestación. En particular, se observó a una niña participando en el recorrido por distintas calles de la ciudad.

La situación abre una reflexión necesaria: ¿quienes convocan y encabezan movilizaciones conocen las responsabilidades que implica exponer a niñas, niños y adolescentes a escenarios de confrontación?

La preocupación no radica en que una persona menor de edad acompañe a su familia o ejerza sus derechos de participación, sino en que los adultos responsables valoren previamente los riesgos que pueden presentarse durante una protesta pública.

Una manifestación puede desarrollarse pacíficamente y, aun así, estar expuesta a circunstancias imprevistas: discusiones, empujones, enfrentamientos entre particulares, intervenciones policiales, accidentes viales o momentos de tensión que podrían poner en peligro la integridad física y emocional de quienes se encuentran en el lugar.

Si una situación de este tipo escalara, una niña o un niño podría quedar en medio de una confrontación sin contar con los recursos físicos o emocionales para protegerse por sí mismo. Por ello, la responsabilidad de los adultos no debe limitarse a llevarlos consigo, sino que debe incluir la valoración de las condiciones de seguridad y la decisión de evitar su exposición cuando existan riesgos previsibles.

El interés superior de la niñez no es opcional

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio del interés superior de la niñez y dispone que este debe guiar las decisiones y actuaciones del Estado en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, en sus artículos 2 y 6, principios relacionados con el interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos. Su artículo 13 reconoce, además, un catálogo de derechos que incluye la vida, la integridad personal y el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.

En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, determina que el interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en las medidas que les conciernen. El artículo 19 obliga a adoptar medidas de protección contra perjuicios y abusos físicos o mentales, mientras que el artículo 15 reconoce el derecho de niñas y niños a la libertad de asociación y a celebrar reuniones pacíficas.

Estos derechos deben interpretarse de manera conjunta: la infancia tiene derecho a participar, expresarse y conocer las causas sociales, pero también tiene derecho a recibir protección frente a situaciones que puedan comprometer su seguridad.

Por tanto, la sola presencia de una menor en una manifestación no demuestra, por sí misma, una violación a la ley. Para determinar si existió alguna vulneración concreta, sería necesario conocer las circunstancias de su participación, las condiciones de seguridad y los riesgos a los que estuvo expuesta.

No obstante, el principio de prevención debe llevar a quienes organizan estas actividades a preguntarse si resulta indispensable que una niña acompañe una movilización que puede derivar en momentos de tensión.

Activismo con responsabilidad y conocimiento de los derechos humanos

Se respetan las actividades de Enrique N. y su derecho a organizarse, manifestarse y defender las causas que considere justas. La libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica son pilares de una sociedad democrática y deben ser protegidos frente a cualquier intento de censura o restricción injustificada.

Sin embargo, el activismo y la defensa de los derechos humanos también implican responsabilidades. No basta con denunciar posibles abusos de autoridad; es necesario conocer los derechos de terceros, los límites legales de las actuaciones propias y las obligaciones especiales que existen cuando hay niñas, niños y adolescentes involucrados.

Por ello, sería recomendable que quienes encabezan organizaciones sociales y movimientos ciudadanos participen en procesos de capacitación sobre derechos humanos, protección integral de la infancia, prevención de riesgos y protocolos de actuación durante manifestaciones públicas.

La formación no debe entenderse como una descalificación personal, sino como una herramienta para fortalecer el trabajo de las organizaciones y garantizar que sus acciones sean congruentes con los derechos que dicen defender.

La defensa de los comerciantes no debe estar reñida con la protección de la infancia. Una causa puede ser legítima y, al mismo tiempo, exigir decisiones responsables para evitar que niñas y niños queden expuestos innecesariamente a situaciones potencialmente peligrosas.

Porque defender derechos humanos también significa reconocer que el interés superior de la niñez debe estar por encima de cualquier diferencia política, conflicto administrativo o estrategia de presión social.