La captura de “El Delta 2” contradice años de declaraciones oficiales que minimizaron el asentamiento de cárteles en la entidad; desde 2025, la DEA ubicó a Tlaxcala entre los estados con presencia significativa del CJNG.
Por Alberto Amaro Jordán
Durante años, autoridades del Gobierno de Tlaxcala han rechazado que grandes organizaciones del crimen organizado mantengan estructuras operativas permanentes en la entidad. Sin embargo, un despliegue encabezado por autoridades federales y la captura de Fernando “N”, alias “El Delta 2” o “El Güero Dani”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Apizaco, vuelven a colocar bajo cuestionamiento esa versión oficial.
La operación se desarrolló entre la noche del domingo 25 y la mañana del lunes 26 de octubre e incluyó cateos en Yauhquemehcan, Apizaco, Calpulalpan y Panotla. El Gabinete de Seguridad federal reportó ocho inmuebles cateados, nueve personas detenidas y el aseguramiento de tres armas largas, cartuchos, dosis de droga, 39 teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación.
Entre los detenidos se encuentra Fernando “N”, quien fue localizado en San Benito Xaltocan, Yauhquemehcan, y ha sido identificado en reportes derivados de la investigación como presunto jefe de plaza del CJNG en Apizaco. Es investigado por su probable participación en delitos de alto impacto, entre ellos secuestro, extorsión y narcomenudeo.
En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades estatales.
Apizaco, bajo la lupa
La detención resulta particularmente relevante porque “El Delta 2” no es señalado simplemente como supuesto integrante de una célula criminal, sino como presunto jefe de plaza del CJNG con base de operaciones en Apizaco, una denominación que implica una estructura territorial de operación.
Las investigaciones también lo relacionan con las lonas que contenían mensajes amenazantes colocadas en diferentes puntos de Apizaco durante septiembre, así como con una agresión con arma de fuego registrada en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Apizaco.
De confirmarse judicialmente las imputaciones y su posición dentro de la organización, el caso aportaría evidencia de una estructura del CJNG con base de operaciones en Apizaco, más allá de incursiones ocasionales de delincuentes provenientes de otras entidades.
Esto cobra relevancia porque, apenas en febrero de 2026, el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo, reconoció incursiones de organizaciones criminales de gran escala, pero sostuvo que no existía una presencia fija o un asentamiento formal de cárteles en territorio tlaxcalteca. El funcionario admitió además que bandas locales buscaban establecer vínculos con organizaciones de mayor alcance.
DEA ya había colocado a Tlaxcala en el mapa del CJNG
La advertencia tampoco es nueva.
En su National Drug Threat Assessment 2025, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) publicó un mapa sobre las áreas de operación del CJNG en México. En éste, Tlaxcala aparece identificado entre los estados con presencia significativa de la organización criminal, según información disponible a enero de 2025.
El informe estadounidense chocó con el discurso sostenido por autoridades tlaxcaltecas.
En mayo de 2025, el entonces secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, respondió a los señalamientos derivados del reporte de la DEA asegurando que no existía una “instalación operativa” ni mecanismos fijos del CJNG o del Cártel de Sinaloa en la entidad.
El funcionario reconoció entonces indicios de células y acercamientos entre organizaciones nacionales y delincuentes locales, pero aseguró que no habían conseguido consolidar estructuras formales en territorio estatal.
No era la primera ocasión en que el Gobierno estatal negaba la operación de cárteles.
En julio de 2023, el entonces secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, sostuvo públicamente que no había cárteles operando en Tlaxcala y atribuyó los hechos delictivos registrados en el estado a bandas locales.
Incluso desde febrero de 2022, González Hernández había descartado la presencia de grupos de delincuencia organizada, aunque reconocía organizaciones dedicadas a delitos como extorsión y tala clandestina.
El modelo de las “franquicias”
La relación entre organizaciones locales y el CJNG tampoco sería un fenómeno extraño dentro del modelo de expansión de ese cártel.
La propia DEA describe al CJNG como una organización que utiliza una estructura de mando basada en franquicias para ampliar su influencia.
Información del Centro Nacional Contra el Terrorismo de Estados Unidos ha descrito este esquema como acuerdos de afiliación entre el CJNG y organizaciones criminales locales más pequeñas, permitiendo al cártel extenderse fuera de sus zonas tradicionales de influencia.
Investigaciones de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime también han documentado un modelo en el que grupos locales utilizan el nombre del CJNG, mientras la organización obtiene beneficios económicos y capacidad de desplazamiento en los territorios donde operan esas células.
InSight Crime, por su parte, ha descrito al CJNG como una organización con facciones regionales semiautónomas que establecen alianzas con actores criminales locales para intervenir en mercados como narcotráfico, extorsión y robo de combustible.
“Los Brujos”, “Los Lobos” y “Los Pescados”
Investigaciones periodísticas realizadas por La Prensa de Tlaxcala han seguido durante los últimos años la evolución de grupos criminales que operan principalmente en Apizaco y municipios de su zona metropolitana.
Entre ellos se encuentran organizaciones conocidas como “Los Brujos”, “Los Lobos” y “Los Pescados”, cuyos integrantes han sido relacionados en distintas investigaciones con actividades delictivas en la región.
Información obtenida durante estas investigaciones apunta a que integrantes de organizaciones locales habrían buscado acercamientos con el grupo conocido como “las cuatro letras”, denominación utilizada para referirse al CJNG, con la finalidad de operar bajo sus siglas y aprovechar el peso intimidatorio de una organización criminal de alcance nacional.
El mecanismo descrito coincide con el modelo de expansión mediante alianzas o “franquicias” incluso se encuentra documentado por agencias estadounidenses y organizaciones especializadas.
El problema no sería únicamente el uso de cuatro letras.
Una alianza de esta naturaleza puede permitir que estructuras criminales originariamente locales incrementen su capacidad de intimidación, extorsión y control territorial al presentarse ante víctimas, comerciantes, autoridades o grupos rivales como integrantes de una organización criminal mucho mayor.
Una realidad que ya no puede minimizarse
La captura de un hombre señalado como jefe de plaza del CJNG en Apizaco, después de años de negativas y matices oficiales sobre la presencia de cárteles en Tlaxcala, obliga a replantear el diagnóstico de seguridad en la entidad.
La pregunta ya no es solamente si integrantes de organizaciones criminales nacionales atraviesan Tlaxcala.
Ahora las autoridades tendrán que explicar qué estructura encabezaba “El Delta 2”, cuántas personas estaban bajo sus órdenes, desde cuándo operaba en Apizaco, cuáles eran sus fuentes de financiamiento, qué relación mantenía con organizaciones criminales locales y hasta dónde se extendía territorialmente su operación.
También deberá esclarecerse si existen otras células vinculadas al CJNG en Tlaxcala y cuál es la relación entre estas estructuras y los delitos de extorsión, secuestro, narcomenudeo y hechos violentos registrados durante los últimos meses.
La detención de Fernando “N” no constituye por sí sola una sentencia ni permite atribuirle responsabilidad penal definitiva; corresponderá a las autoridades judiciales determinarla.
Pero políticamente y en materia de seguridad pública, el operativo abre una discusión difícil de ignorar: mientras durante años el discurso estatal sostuvo que en Tlaxcala existían principalmente bandas locales o incursiones sin asentamiento permanente, autoridades federales investigan ahora a un detenido como presunto jefe de plaza del CJNG precisamente en territorio tlaxcalteca.
Y desde 2025, la DEA ya había colocado a Tlaxcala en el mapa de presencia significativa del Cártel Jalisco Nueva Generación.
