Por Alberto Amaro
En una sociedad democrática, el acceso a la información pública no es una concesión de las autoridades, sino un derecho fundamental de la ciudadanía. La transparencia en el ejercicio gubernamental permite la rendición de cuentas, fortalece la confianza institucional y facilita que la población conozca la realidad de los problemas que afectan a su comunidad. Sin embargo, en Apizaco parece prevalecer una política de opacidad, particularmente en uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos: la seguridad pública.
En medio de una creciente percepción de inseguridad y ante diversos hechos delictivos registrados en el municipio rielero, la Dirección de Seguridad Pública de Apizaco se ha negado sistemáticamente a proporcionar información relacionada con detenciones, operativos y acciones implementadas para combatir la delincuencia.
De acuerdo con diversas fuentes, esta postura responde a instrucciones directas del titular de la corporación, José Ramón Jacques Mena, quien habría ordenado a la responsable del área de comunicación restringir la difusión de datos relacionados con la actividad policial.
Esta práctica no sólo vulnera los principios de transparencia que deben regir a toda institución pública, sino que también limita el derecho de los medios de comunicación y de la sociedad a estar informados sobre asuntos de interés público. La seguridad no puede manejarse bajo criterios discrecionales ni convertirse en un tema vedado al escrutinio ciudadano.
La falta de información genera incertidumbre y alimenta la percepción de que no existen resultados contundentes frente a una problemática que continúa afectando a los habitantes de Apizaco. Más preocupante aún es que, mientras la ciudadanía demanda estrategias claras para prevenir y combatir la delincuencia, las autoridades parecen optar por el silencio institucional.
Este escenario también proyecta una imagen desfavorable para la administración encabezada por el presidente municipal, Javier Rivera Bonilla. La ausencia de una política efectiva de comunicación y transparencia en materia de seguridad deja la impresión de un gobierno sin control pleno sobre las decisiones de sus funcionarios, situación que inevitablemente impacta en la percepción pública de su gestión.
Jacques Mena suele atribuir las críticas a su desempeño a supuestos intereses políticos. Sin embargo, en una democracia, el cuestionamiento público y la crítica periodística forman parte de los mecanismos de vigilancia social que permiten evaluar el actuar de los servidores públicos. Descalificar las observaciones ciudadanas bajo argumentos políticos no resuelve los problemas de fondo ni contribuye a mejorar los resultados en materia de seguridad.
Más allá de cualquier diferencia de opiniones, los números y la realidad cotidiana son los que terminan evaluando el trabajo de una corporación policial. La ciudadanía espera estrategias efectivas, coordinación institucional y resultados medibles, no confrontaciones discursivas ni intentos por desacreditar las voces críticas.
Apizaco enfrenta retos importantes en materia de seguridad. Por ello, resulta indispensable que las autoridades comprendan que la transparencia no debilita a las instituciones; por el contrario, las fortalece. Negar información pública, restringir el acceso a datos de interés colectivo y mantener una actitud de cerrazón sólo profundiza la desconfianza ciudadana.
La seguridad pública debe construirse con acciones, resultados y rendición de cuentas. El silencio oficial jamás será una estrategia eficaz para combatir la delincuencia.
