Por: Alberto Amaro
El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, ofreció una disculpa pública durante los llamados Diálogos Circulares por las muecas que realizó durante una entrevista en la que participaba la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, luego de que el video se difundiera ampliamente en redes sociales.
El funcionario reconoció que su comportamiento hacia el periodista presente en ese momento “no fueron los modos” y expresó una disculpa a quien pudo haberse sentido agredido.
“Quiero ofrecer una disculpa al periodista que pudo haberse sentido agredido. No fueron los modos”, señaló durante su intervención pública.
Sin embargo, el caso trascendió la discusión sobre la conducta institucional y abrió un debate más amplio relacionado con la violencia digital y los discursos de odio, particularmente aquellos dirigidos a personas por su orientación sexual real o percibida.
Durante su mensaje, Martínez Velázquez afirmó que una gran parte de las reacciones que recibió tras la difusión del video contenían expresiones homofóbicas.
“El 80% de los comentarios son homofóbicos, como el que dice ‘este se ve que se la come doblada’, y sí… ¿y cuál es el punto de ofender a alguien por quién es?”, expresó.
La frase generó diversas reacciones, pero también puso sobre la mesa un fenómeno ampliamente documentado por organismos nacionales e internacionales: el uso de insultos relacionados con la sexualidad o la expresión de género como mecanismo de desacreditación pública.
La homofobia como forma de violencia
Especialistas en derechos humanos han señalado que la homofobia no se limita a agresiones físicas o discriminación institucional, sino que también se manifiesta mediante burlas, estigmas, insinuaciones sexuales y expresiones que buscan ridiculizar a una persona asociándola con la homosexualidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido que este tipo de discursos contribuye a reproducir estereotipos que afectan la dignidad de las personas y favorecen entornos de exclusión social.
De igual forma, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha sostenido que los mensajes de odio basados en orientación sexual o identidad de género pueden generar consecuencias emocionales, sociales y profesionales, además de normalizar prácticas discriminatorias.
Un reflejo de patrones culturales machistas
El episodio también evidenció cómo, en contextos de confrontación política o mediática, persiste la utilización de expresiones que asocian la masculinidad con determinados comportamientos sexuales, bajo la lógica de que ser percibido como homosexual constituye un motivo de humillación.
Sociólogos y estudios sobre género han documentado que estos discursos forman parte de una cultura machista donde la virilidad tradicional se utiliza como parámetro para medir autoridad, credibilidad o fortaleza pública. En ese esquema, los ataques homofóbicos suelen emplearse para intentar desacreditar a adversarios políticos, periodistas, funcionarios o figuras públicas, independientemente de su orientación sexual.
Libertad de expresión y límites democráticos
La crítica a funcionarios públicos es un componente esencial de cualquier sistema democrático. No obstante, organismos defensores de derechos humanos han insistido en que la libertad de expresión no debe confundirse con la reproducción de mensajes discriminatorios.
En este sentido, el debate generado por las declaraciones del vocero puede analizarse en dos dimensiones distintas:
- La evaluación legítima de su conducta pública y su relación con los medios de comunicación, incluida la discusión sobre si las muecas realizadas durante la entrevista fueron apropiadas para un servidor público.
- El rechazo a las expresiones homofóbicas utilizadas en redes sociales, las cuales desvían la discusión del ámbito institucional hacia ataques basados en prejuicios.
Disculpa pública y señalamientos adicionales
Durante los Diálogos Circulares, Antonio Martínez Velázquez también mencionó que algunos medios de comunicación le habrían solicitado convenios publicitarios a cambio de un porcentaje económico, aunque no presentó públicamente nombres ni documentación relacionada con dichos señalamientos.
Hasta el momento, el tema que ha concentrado mayor atención pública es la combinación entre la disculpa ofrecida al periodista y la denuncia sobre los comentarios homofóbicos recibidos tras la viralización del video.
Un debate necesario en el espacio público
El caso ha reactivado una discusión relevante para Tlaxcala y para el país: cómo construir un debate público firme y crítico sin recurrir a expresiones que vulneren la dignidad de las personas.
La responsabilidad de los servidores públicos incluye mantener un trato respetuoso hacia periodistas y ciudadanía; al mismo tiempo, la conversación digital plantea el desafío de erradicar prácticas discriminatorias normalizadas durante décadas por patrones culturales machistas y homofóbicos.
Más allá de las posiciones políticas, el episodio deja una reflexión de fondo: ninguna crítica institucional gana legitimidad cuando se sustenta en prejuicios sobre la orientación sexual de una persona, y la defensa de los derechos humanos exige rechazar tanto las conductas públicas inapropiadas como los discursos de odio que buscan deshumanizar a quien las protagoniza.
