“Son de Vialidad y Seguridad Pública, parecen buitres; sienten que el tiempo es corto para acorralar al automovilista, al combiero o a los repartidores, especialmente a los fuereños, ya se marearon con el poder del uniforme, sólo les interesa el dinero, ya no les importa la dignidad ni la honradez; algunos se justifican con el argumento de que sus mandos los presionan con cuotas diarias de dinero e infracciones para evitar ser enviados al turno de la noche, a las colonias, saben que en la ciudad es donde está la lana” denunció Javier N. quien viene cada semana desde Puebla para recoger estambres y otros textiles.
Refiere además que hubo una ocasión en que por negarse a dar dinero y siendo viernes, le inmovilizaron el vehículo y fue remitido al corralón ubicado en la colonia El Alto que es propiedad del Presidente Municipal de extracción panista Héctor Domínguez Rugerio. El monto de los pagos resultó muy elevado, debido a que además de la multa, tuvo que pagar 5 días de corralón así como el importe por concepto de arrastre de la grúa. Al respecto los agentes le dijeron –que ahora ya sabe a lo que le tira-, que es mejor <entrarle> con la cuota de paso.
A este tipo de abusos se suma otro al que se ven sometidos los visitantes que acuden a realizar compras a Chiautempan, provenientes de otros estados cuando se les agota el tiempo que pagaron en el parquímetro para poder estacionar su vehículo; les colocan el inmovilizador, pero adicionalmente como terapia de sometimiento, el encargado de retirar el artefacto tarda en regresar de cuarenta minutos a una hora, lo que hace que los visitantes y sus familiares deban esperar crispados debido a la tardanza del empleado de la compañía que tiene la concesión de los parquímetros.
Lo paradójico del caso, tal como tuvimos varios reporteros la oportunidad de presenciar, es que la multa se le paga al mismo individuo que colocó el inmovilizador, para después del pago, sin otorgar recibo por el monto, procede a abrir los candados para que puedan retirarse sus víctimas en su vehículo; un verdadero chantaje, extorsión y robo, al no existir recibo que avale la sanción administrativa en que se incurrió.
Y eso que estamos inmersos en una pandemia.
