En el gobierno del estado de Tlaxcala deben tener en la mira a un funcionario que sigue cobrando sin trabajar y sin dar resultados, nos referimos a Miguel Sánchez Ramírez, supuesto titular del Instituto Tlaxcalteca para Devolverle al Pueblo lo Robado (ITDPR).
Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó diversas disposiciones de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, por lo que este Instituto carece de validez legal, y su nombramiento es más falso que un billete de 3 pesos.
Desde que este flamante funcionario se desempeñó como director Jurídico de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) bajo el mando del gris y torpe Sergio González Hernández, existieron varias derrotas legales que han representado una enorme carga financiera para el Ejecutivo Local.
Y ahora como titular del ITDPR, nadie sabe qué hace y en qué trabaja o cuál son sus resultados, solo que sigue cobrando y sangrando al erario, por lo que la administración estatal deberá analizar con detenimiento los costos y beneficios de un personaje que solo ha ocupado sus cargos para beneficio personal.
Y es que muchos tlaxcaltecas se preguntan lo siguiente: ¿Qué caso tiene sostener a un personaje que se dice abogado, pero realmente no sabe de leyes y no es buen litigante? ¿Qué favores o cosas sabrá, que pese a sus múltiples yerros sigue disfrutando de las mieles del poder?
Lo cierto es que, luego de las campañas políticas y los resultados del 2 de junio, el gobierno estatal emanado de Morena deberá poner manos a la obra para saber que destino le depara a este Instituto y a este funcionario que lo único que ha hecho es hacer más obeso y caro al aparato gubernamental.
