Una estrategia positiva para los defensores de derechos humanos y periodistas que son víctimas de amenazas en Tlaxcala
En la actual administración de Lorena Cuéllar Cisneros, se han entregado 16 dispositivos de auxilio a beneficiarios y 2 más a beneficiarios indirectos, lo que da un total de 18 botones de pánico.
Estos botones de pánico te enlazan de manera directa al servicio de emergencias 911, quienes atienden y canalizan a los cuerpos de seguridad para brindar apoyo al reportante, teniendo la ubicación exacta a través del GPS integrado, además de tener un constante monitoreo con el beneficiario. Según versiones de compañeros periodistas, el servicio del dispositivo de auxilio ha mejorado en los últimos meses y al activarlos tardan menos de cinco segundos en responder.
Podrían existir críticas a estos botones de pánico, pero Tlaxcala ha sido uno de los primeros gobiernos estatales en implementar esta medida para atender los reportes de manera inmediata. La gran diferencia de estos botones de pánico a los del gobierno federal es importante, pues los de SEGOB federal presentan diversas fallas, como la falta de protocolos de atención a emergencias, lo que hace imposible una protección efectiva de la persona que lo utiliza. En comparación, los otorgados por el Gobierno de Tlaxcala están enlazados directamente al 911, te atiende una radioperadora especializada en atención de pánico y cuenta con el acceso directo al dispositivo para saber tu ubicación exacta y así enviar el apoyo de manera inmediata.
En una entrevista telefónica con el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala, Maximino Hernández Pulido, señaló que el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó una inversión de un millón de pesos, adquiriendo un total de 250 dispositivos, los cuales incluyen una póliza de mantenimiento, el servicio de datos, incluyendo plataformas de GPS y el enlace directo al 911. Además, se realiza un pago de aproximadamente 400 pesos mensuales por el servicio de telefonía celular.
En todo México, algunos beneficiarios del botón han señalado no utilizarlo, pues se tiene la idea de que el gobierno los estaría vigilando y siguiendo sus movimientos. Sin embargo, ante una situación de riesgo, esta herramienta podría llegar a evitar la privación ilegal de la libertad y/o desaparición de la persona beneficiaria.
Cabe recordar que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Federal contempla una serie de medidas para periodistas o activistas de derechos humanos que, por motivo de su trabajo, estén en riesgo o hayan sido víctimas. Una junta de gobierno es quien decide si se protege o no al solicitante, derivado de un análisis de riesgo. La tardanza en la resolución e implementación de medidas han llegado tarde a los activistas y periodistas, pues algunos de ellos fueron asesinados mientras esperaban la resolución.
En contraste, el Gobierno del Estado de Tlaxcala ha buscado que los defensores de derechos humanos y periodistas puedan tener acceso casi inmediato a esta herramienta de seguridad, ya sea por ofrecimiento directo a través de la oficina estatal de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas o previa solicitud del beneficiario, la cual es aprobada en un lapso no mayor a 48 horas.
El mecanismo federal, además del botón, otorga otros tipos de medidas más comunes aprobadas por la Junta de Gobierno del mecanismo. Estas incluyen los números de emergencia, la instalación de cámaras, cerraduras, luces y otras; el acompañamiento en traslados, rondines, protección de inmuebles, así como atención médica y/o psicológica.
Hasta el momento, el Gobierno de Tlaxcala no cuenta con una ley estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que se ve limitado legalmente para implementar otro tipo de medidas. Sin embargo, la entrega de estos botones de pánico y la atención inmediata a los beneficiarios podrían superar a los programas de los estados de Veracruz y Ciudad de México, que llevan más tiempo con la implementación de la oficina estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Se espera que el número de asignaciones de estos dispositivos de auxilio no aumente en el estado, y que la libertad de expresión sea respetada.
