Promueven Juicio Político en contra del presidente de Apizaco Julio César Hernández Mejía y otros.

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    Antonio Hernández  [11/11/2018-18:46]

    • Julio César Hernández Mejía, evade la acción de la justicia sobre la resolución de un procedimiento laboral.

    El Ciudadano JORGE ALBERTO BRAVO CARRERA, ante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, promovió Juicio Político radicado bajo el número LXIII-SPP JP 003/2018, en contra del Presidente, Secretario, Síndico, Regidores, Tesorero y del Director Jurídico del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, por considerar que se han vulnerado de manera reiterativa la violación a sus derechos humanos y que han existido actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del gobernado, ya que señala que presentó juicio laboral en contra de ese Ayuntamiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, desde el veinticinco de abril del año dos mil once, radicándose bajo el número de expediente 90/2011-B.

    Señala que en ese procedimiento laboral obtuvo laudo condenatorio desde el seis de marzo del año dos mil catorce, y ante la negativa del Ayuntamiento de pagar el laudo promovió el juicio de amparo 1163/2017, en el que en cumplimiento a la sentencia dictada en el mismo se le concedió el término de CINCO días al Ayuntamiento para crear una partida presupuestal a fin de pagar el laudo de mérito.

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    Siendo el caso que los integrantes del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, encabezados por su Presidente JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA, han cometido diversas acciones y omisiones en las que continúan evadiendo la acción de la justicia no importándoles que la resolución en aquel procedimiento laboral, es COSA JUZGADA, y que el fallo que se da derivado de un juicio de amparo también debe cumplirse, no se puede torcer en un estado democrático un estado de derecho, menos aún por una autoridad, el Presidente  y su Síndico han sido omisos en dar cuenta al cabildo para dar cumplimiento a lo que fueron condenados

    Por lo que el Ayuntamiento a través de su Director Jurídico pretende dar órdenes al Tesorero para crear una partida presupuestal y estar en condiciones de cubrir el monto adeudado, sin embargo, estos funcionarios carecen de esa facultad que es exclusiva del cabildo; es por ello que se está solicitando la intervención del Congreso del Estado, para que la diputada Luz Vera Díaz Presidenta de la Mesa Directiva gire instrucciones para nombrar la Comisión especial que se encargara de investigar y en su caso de presentar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad de los servidores públicos denunciados.

    No debe pasar por desapercibido que es a través del juicio político, que se van a deslindar las responsabilidades penales, políticas y administrativas de los servidores públicos que han omitido cumplir con su obligación de cuidar la hacienda y los intereses del Ayuntamiento.

    Se espera que la comisión especial que sea asignada realice su labor conforme a derecho y que si en su caso si existe algún tipo de responsabilidad sean castigado como lo señale la ley.

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