Denuncian abuso de autoridad y lesiones durante operativo en contra de comerciantes ambulantes de Apizaco

Nuevamente efectivos de la policía municipal de Apizaco fueron denunciados por abuso de autoridad y lesiones cometido en contra de comerciantes ambulantes a quienes les decomisaron su mercancía y los agredieron físicamente por instrucciones del alcalde camionero Julio César Hernández Mejía.

Y es que durante un operativo realizado este sábado en la calle Cuauhtémoc decenas de efectivos policíacos implementaron un operativo con lujo de violencia en contra de los comerciantes ambulantes.

Ahí, personas fueron testigos como los efectivos policíacos a punta de golpes desalojaron a los referidos comerciantes ante la mirada del contralor externo del ayuntamiento de Apizaco, Antonio Morales Hernández, quien hace funciones de titular del área de comercio en vía pública.

Una vendedora de dulces y pepitas junto con sus dos menores hijas fue desalojada a punta de garrotazos por lo que una persona de Coppel intervino y corrió con la misma suerte siendo detenido.

Información obtenida por La Prensa de Tlaxcala se sabe que la mercancía decomisada es llevada a una bodega que no es sede del ayuntamiento la cual está ubicada en avenida Cuauhtémoc esquina con Adolfo López Mateos.


En la mencionada bodega se encuentra mucha mercancía decomisada, entre ellos ropa que nunca se contabilizo, fruta como duraznos, chapulines a granel sin que se sepa cuánto es en realidad lo que se recogió en la vía pública.

Asimismo en la misma bodega se encuentran carretillas y estructuras, etc.

Y no existen actas de decomisó o documento que avale que se llevaron las autoridades municipales de Apizaco.


Por todo lo anterior se están violando los Derechos Humanos de los mencionados comerciantes apizaquenses en cada decomisó.

Finalmente se pidió la intervención del Congreso del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que ya no se sigan cometiendo más abusos de la policía municipal de la ciudad rielera, por qué si bien es cierto fueron notificados meses pasados para poder tramitar su permiso, lo cierto es el procedimiento legal no se lleva acabo pues al no existir un acta y un inventario de lo que personal del Gobierno Municipal está decomisando podrían recaer en un delito penal.

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