Solaparía actuar omiso y encubridor de elementos en contra de una mujer policía que ya había denunciado maltrato.
Tras pocas semanas de aceptada la alerta de género para Tlaxcala, la advertencia a manera de boletín informativo socializado minutos antes de las 18:00 horas del pasado 19 de Octubre al través del enlace de comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad/Secretaría de Seguridad Pública (CES/SSC), que encabeza Alfredo Álvarez Valenzuela, informa de manera simple el procedimiento al que fueron sometidos algunos elementos de la corporación encargada de brindar seguridad y protección; así como las posibles sanciones a las que se harían acreedores al verse involucrados en posibles actos violentos y de omisión, pasando por alto una vez más la agresión en contra de una mujer.
Y es que a principio de semana se hizo de conocimiento público, el actuar festivo de algunos efectivos adscritos a la Policía Estatal de Caminos y Vialidad, quienes en funciones portando uniforme y unidad oficial asistieron a un mole en el que hubo ingesta de bebidas embriagantes y luego al calor de la copas la situación se tornó violenta, cuando por razones no claras y sin que nadie hiciera algo para evitarlo; Misael Nava Cabrera comenzó a agredir de manera física y verbal a su compañera -de identidad reservada-.
Incluso la versión señala que el sistema de monitoreo que mantiene contacto en tiempo real entre la patrulla y la base ORUS detectó e hizo de conocimiento a los mandos el actuar violento del policía, a pesar de que Pedro Sánchez Gaona, Cristian Conde López, Balbina García Saldaña, Luis Aurelio Bautista Balderas y Maico Yareth Zamora Pastan, subirían el volumen al sistema de sonido y cubrieran la cámara con los aditamentos o equipamiento que trae por norma y de fábrica cada vehículo.
Por lo que se ordenó el aseguramiento de Nava Cabrera, pero también de Jorge Luna Hernández y Alberto Netzahuatl Cruz, quienes según fuentes consultadas fueron puestos a disposición por su probable responsabilidad en el delito de Abuso de Autoridad el Agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y sus pares al Consejo de Honor y Justicia de la dependencia que a más de 45 días del nuevo gobierno aún no define su figura jurídica.
Señalar que el nombre del servidor público Julio Ordaz casualmente se esta manteniendo al margen del escándalo y que la versión a la que se ha tenido acceso revela que ya existían antecedentes de violencia reportados a Rogelio Pérez el titular de la Dirección de Vialidad de la que depende la Estatal de Camino, quien no acataría la orden de la Gobernadora Lorena Cuéllar de pleno respeto a las mujeres, al no actuar en consecuencia ante la alerta expresada, pudiendo incluso evitar la situación violenta vivida el día de la fecha por la víctima.
Finalmente, de igual forma al caso ocurrido en Marzo del presente año (en la administración anterior) que fue manejado como “situación entre particulares” y que quedaría impune, en el que el entonces Comandante de la Policía Industrial Bancaria (PIB) Martín Anguiano Ortega por razones no específicas y en funciones agredió físicamente a su subordinada y según el ex vocero posible pareja sentimental; se desconoce el protocolo y acciones de protección, así como las de asistencia médica, jurídica, psicológica, laboral y legal brindadas en favor de las agraviadas.
