Una exintegrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala denunció haber sido víctima de presuntos actos de discriminación relacionados con su orientación sexual, así como de hostigamiento dentro de la dependencia, situación que —asegura— culminó con su separación del cargo.
Según el testimonio entregado a este medio, la exservidora pública refiere que durante su permanencia en la institución enfrentó conductas que considera discriminatorias por parte de Tania Grisell Jiménez Hernández y Perla Pérez Zárate, quienes presuntamente realizaron expresiones ofensivas y promovieron un ambiente laboral adverso hacia su persona.
La denunciante señaló que notificó estos hechos a su superior jerárquica, Vianey Hernández López, con la expectativa de que se iniciara una intervención institucional; sin embargo, sostiene que sus reportes no recibieron atención ni seguimiento.
Ante la falta de respuesta, decidió presentar una queja formal ante la Unidad de Asuntos Internos de la SSC por posibles actos de discriminación y acoso laboral. No obstante, afirmó que mientras la investigación se encontraba en desarrollo fue informada de su baja de la corporación, hecho que considera una represalia derivada de haber denunciado.
Como evidencia de la existencia del procedimiento, la exfuncionaria cuenta con un citatorio emitido por la propia Unidad de Asuntos Internos, documento que acredita la apertura de actuaciones relacionadas con su denuncia.
Derechos humanos y diversidad sexual: una deuda pendiente
El caso expone una problemática que continúa presente en diversos espacios gubernamentales: la persistencia de prácticas discriminatorias contra personas de la diversidad sexual, aun dentro de instituciones que tienen la obligación legal de promover la igualdad, la inclusión y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La experiencia relatada por la denunciante refleja cómo los prejuicios pueden traducirse en dinámicas de exclusión, hostigamiento y violencia institucional. Especialistas han advertido que estas conductas no necesariamente provienen de hombres, ya que el machismo y los estereotipos de género pueden ser reproducidos también por mujeres que ocupan cargos de autoridad o responsabilidad dentro de las estructuras gubernamentales.
Cuando estas prácticas se normalizan, las víctimas enfrentan obstáculos para denunciar y, en algunos casos, temen sufrir consecuencias laborales por exigir el respeto a sus derechos fundamentales.
De corroborarse los señalamientos, podrían configurarse posibles vulneraciones al derecho a la igualdad y a la no discriminación, principios protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha fijado una postura pública respecto de las acusaciones formuladas por la extrabajadora. Este medio queda abierto a recibir la versión de las personas señaladas y de la institución involucrada para garantizar el derecho de audiencia de todas las partes.
