Por: Lourdes Flores
La presidenta de comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, Alicia Michely Vázquez Trujillo, nuevamente se encuentra envuelta en la controversia. En las redes sociales oficiales de la Presidencia de Comunidad se presenta como “Licenciada”; sin embargo, tras una consulta realizada en el Registro Nacional de Profesiones, no fue localizada información relacionada con alguna cédula profesional registrada a su nombre.
Este hecho ha generado cuestionamientos entre habitantes de la comunidad, quienes señalan que la funcionaria debería aclarar públicamente si cuenta o no con estudios profesionales que respalden el título con el que se identifica en espacios oficiales.
A la polémica se suma un ambiente de inconformidad entre algunos pobladores, quienes aseguran evitar confrontarla o cuestionar su desempeño por temor a posibles represalias. Diversas voces sostienen que existe un clima de intimidación que inhibe la crítica ciudadana y limita el ejercicio pleno de la participación social.
La situación cobró mayor relevancia luego de que la Unión de Periodistas de Tlaxcala emitiera un posicionamiento público condenando las presuntas amenazas e intimidaciones dirigidas contra una periodista por parte de la presidenta de comunidad. El organismo advirtió que este tipo de conductas representan un riesgo para el libre ejercicio del periodismo y para el derecho de la sociedad a estar informada.
Los hechos han encendido nuevamente el debate sobre la responsabilidad que tienen los servidores públicos de actuar con tolerancia, transparencia y respeto hacia las voces críticas. En una democracia, la libertad de expresión no es una concesión del poder, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado y protegido.
Cuando una autoridad responde a los cuestionamientos con descalificaciones, amenazas o intentos de intimidación, no solo vulnera ese derecho, sino que exhibe una preocupante incapacidad para comprender que la crítica ciudadana y el trabajo periodístico forman parte esencial de la rendición de cuentas. La función pública exige resultados, apertura al escrutinio y respeto irrestricto a la legalidad, no actitudes autoritarias que busquen imponer el silencio mediante el temor.
