La jueza del Bienestar Diana Laura Cuapio Mendieta, es acusada de no aplicar la ley y de dejar en libertad a un secuestrador y ratero
La liberación de un hombre detenido por su presunta participación en un secuestro exprés y robo de vehículo en el estado de Tlaxcala ha generado preocupación, pues se cuestionan los argumentos de la Juez del Bienestar que permitieron que el imputado recuperara su libertad apenas unos días después de su captura.
De acuerdo con información relacionada con la causa penal 454/2025, Enrique “N.” fue detenido el pasado 6 de septiembre del año 2025, luego de que presuntamente participara, junto con otro individuo, en la privación ilegal de la libertad de dos personas identificadas con las iniciales J.P.G. y A.P.G., a quienes habrían despojado de una camioneta Nissan NP300 cargada con café.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera Apizaco-Huamantla. Según los reportes, los responsables intentaban huir en la unidad robada cuando perdieron el control y volcaron a la altura de Ciudad Judicial, en la comunidad de Santa Anita Huiloac. Elementos de la Policía Municipal de Yauhquemehcan lograron detener a uno de los sospechosos, mientras que el otro logró escapar.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos investigados y de que el delito de secuestro contempla sanciones severas dentro del marco legal, el imputado obtuvo su libertad apenas cinco días después de su detención, al no ser vinculado a proceso, determinación emitida por la Jueza Tercero de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Diana Laura Cuapio Mendieta.
La resolución ha provocado cuestionamientos sobre los criterios empleados para conceder la libertad del acusado. Expertos señalaron a este medio de comunicación que los argumentos utilizados resultan difíciles de comprender frente a la naturaleza de los delitos investigados y las circunstancias de la detención.
Está resolución podría generar una percepción de impunidad y debilita la confianza pública en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
Ante ello, se ha solicitado que las autoridades competentes y los órganos de vigilancia judicial revisen el caso y expliquen públicamente los fundamentos legales de la resolución, a fin de garantizar transparencia y certeza jurídica a la sociedad.
Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia no ha emitido un posicionamiento público respecto de los cuestionamientos surgidos por esta decisión judicial. Asimismo, no existe resolución alguna que determine responsabilidades administrativas o penales en contra de funcionarios judiciales relacionados con el caso.
El asunto continúa generando debate debido a la relevancia de los delitos investigados y a la expectativa ciudadana de que los procesos judiciales se conduzcan con estricto apego a la ley y en favor de las víctimas.
