El Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT) vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de que una ex prestadora de servicio social denunciara presuntos actos de acoso sexual, hostigamiento laboral y represalias por parte de mandos de esa institución.
De acuerdo con el testimonio difundido por la denunciante, quien realizó su servicio social a través de la BUAP, el coordinador identificado como Irving N. habría incurrido en conductas de presunto acoso, entre ellas acercamientos físicos sin consentimiento y acciones de intimidación. Asimismo, señaló que, tras rechazar dichas conductas, comenzó un ambiente de presión laboral que derivó en amenazas y presuntas represalias administrativas.
En los señalamientos también se menciona a una coordinadora identificada como Sharon, quien presuntamente habría participado en decisiones relacionadas con despidos y otras medidas internas, hechos que, hasta el momento, no han sido esclarecidos por las autoridades competentes.
Las denuncias también han generado cuestionamientos sobre la actuación de las instancias encargadas de atender este tipo de casos. Diversas voces han señalado la falta de una postura pública o de acciones visibles por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de la Mujer, así como de autoridades del sector salud, entre ellas la Contraloría Interna y las áreas responsables de igualdad de género.
De acuerdo con los testimonios difundidos, las personas afectadas consideran que la ausencia de investigaciones oportunas y de medidas de protección podría desalentar la presentación de nuevas denuncias y dejar en estado de vulnerabilidad a quienes aseguran haber sido víctimas de estas conductas.
Cabe recordar que durante las movilizaciones del 8 de marzo pasado ya se habían exhibido públicamente denuncias relacionadas con el ambiente laboral en el CRUMT, sin que hasta ahora se conozcan resultados de investigaciones o resoluciones oficiales sobre esos hechos.
En este contexto, diversos sectores han solicitado que las autoridades estatales investiguen con imparcialidad las acusaciones y, en caso de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
Es importante destacar que la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, ha manifestado en distintas ocasiones que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la violencia y al acoso contra las mujeres, por lo que se espera que las instituciones competentes actúen conforme a la ley, garanticen la protección de las presuntas víctimas y esclarezcan los hechos denunciados mediante investigaciones objetivas y transparentes.
