Por. J. Jesús Lemus
La crisis por sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos —que cobra decenas de miles de vidas al año (más de 100 mil)— tiene su principal motor de suministro en territorio mexicano.
A través de una estructura logística de precisión industrial y un control territorial violento, el mercado global del fentanilo ilegal ha sido capturado por un duopolio criminal: el Cártel de Sinaloa, específicamente la facción de “Los Chapos” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mientras las agencias de inteligencia internacionales documentan el flujo masivo de esta sustancia, en el plano político mexicano persiste un fenómeno de narrativa institucional que contrasta drásticamente con la realidad de los laboratorios clandestinos.
Los Chapos y el CJNG pasaron de traficar drogas de origen orgánico, como la heroína o la mariguana, a dominar la era de los compuestos sintéticos. Su éxito para contener el monopolio y desplazar a competidores menores se basa en el control de los puertos mexicanos, por donde llegan suministros desde Asia.
Ambas organizaciones, Jaliscos y Chapos, establecieron canales directos con redes químicas en Asia, principalmente China y la India, para la importación masiva de precursores químicos. El control de los puertos del Pacífico mexicano ha sido clave. Manzanillo y Lázaro Cárdenas, les otorgan la exclusividad de la materia prima.
A diferencia de la amapola, mariguana o coca, el fentanilo no depende de ciclos agrícolas ni de extensiones de tierra expuestas a la detección satelital. Se elabora en laboratorios clandestinos urbanos o rurales ocultos, capaces de generar millones de dosis letales en cuestión de días.
La enorme rentabilidad del fentanilo -donde una inversión pequeña en químicos se traduce en millones de dólares de ganancia en las calles estadounidenses- financia ejércitos privados. Esto impide que cualquier grupo delictivo local intente competir en la cadena de exportación.
Hoy por hoy, la Agencia Antinarcóticos de EE. UU. (DEA) señala a estas dos organizaciones, la de Los Chapos y la del CJNG, como las responsables directas de inundar el mercado estadounidense a través de sofisticados métodos de camuflaje en las aduanas fronterizas.
Uno de los puntos más críticos de esta problemática del fentanilo ha sido la postura del Gobierno de México. Durante gran parte de su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador insistió de forma reiterada en que “en México no se produce fentanilo”, argumentando que el país era únicamente una zona de tránsito y que el fentanilo llegaba directamente desde Asia en pastillas terminadas.
A pesar de que las propias Fuerzas Armadas mexicanas reportaban continuamente el desmantelamiento de laboratorios de producción, tabletas y proceso de drogas sintéticas en estados como Sinaloa, Sonora y Michoacán, la narrativa oficial se mantuvo firme en rechazar la manufactura local.
Esta postura no ha visto un giro radical con el cambio de administración. La presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado una línea discursiva similar. Si bien su gobierno ha enfocado esfuerzos en campañas nacionales de prevención de adicciones y en destacar que la crisis sanitaria es un problema de consumo interno de los Estados Unidos enfocado en el tejido social, la retórica tiende a matizar el peso de la producción en suelo mexicano, priorizando la defensa de la soberanía y argumentando que los precursores provienen del exterior.
Informes de inteligencia y decomisos binacionales demuestran que, aunque el fentanilo técnico o sus ingredientes base se originen en Asia, el proceso de síntesis final, la dosificación y el prensado de las píldoras ocurren principalmente en los bastiones del Cártel de Sinaloa y el CJNG en la zona de la Sierra de Badiraguato. Allí está el epicentro de producción nacional de fentanilo.
