Por: Alberto Amaro
Hay errores que duran apenas unos segundos y hay errores que retratan toda una institución.
Eso ocurrió con el video difundido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para presumir el operativo “Mujeres Libres de Violencia”. Lo que pretendía ser un mensaje de autoridad terminó convertido en motivo de burla cuando el fiscal especializado en Trata de Personas llamó al municipio de Papalotla como “Papalocla”.
Las redes sociales hicieron lo suyo. Los memes aparecieron de inmediato y el funcionario recibió un nuevo apodo: el Fiscal Papalocla.
Podría parecer un simple tropiezo de pronunciación. No lo es.
Cuando quien habla es el responsable de investigar uno de los delitos más crueles y complejos que existen, el mensaje importa tanto como el resultado. Y el problema no fue únicamente decir mal el nombre de un municipio; el problema fue transmitir la sensación de improvisación en una institución que debería proyectar preparación, profesionalismo y confianza.
Más allá del video, lo verdaderamente preocupante son los resultados.
La propia Fiscalía informó que el operativo dejó nueve moteles clausurados por la COEPRIS y 28 mujeres entrevistadas y empadronadas. Sin embargo, en la información oficial no se reportaron personas detenidas ni víctimas de trata rescatadas.
Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué fue exactamente lo que se logró?
Tlaxcala no puede darse el lujo de convertir el combate a la trata de personas en una estrategia de comunicación.
Desde hace más de veinte años, el estado ha sido mencionado en investigaciones académicas, sentencias judiciales, informes de organismos nacionales e internacionales y trabajos periodísticos como un territorio donde operaron y operan redes de explotación sexual. Ese estigma no desaparecerá con videos institucionales ni con discursos leídos frente a una cámara.
La trata de personas representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Detrás de cada expediente existen mujeres, niñas, niños y adolescentes que fueron engañados, amenazados o sometidos para ser explotados. No son cifras para un boletín de prensa ni un tema para mejorar la imagen institucional.
Combatir este delito exige investigaciones profesionales, inteligencia financiera, coordinación entre corporaciones, protección integral para las víctimas y sentencias firmes contra quienes integran las redes criminales.
En cambio, en Tlaxcala pareciera que muchas veces se privilegia el impacto mediático.
Mientras tanto, continúan los cuestionamientos de abogados y litigantes sobre casos en los que personas inicialmente detenidas recuperan su libertad por decisiones judiciales derivadas de deficiencias procesales. Cada asunto tiene sus particularidades y debe analizarse individualmente, pero estos señalamientos alimentan el debate sobre la calidad de las investigaciones.
La justicia no se mide por el número de videos publicados en redes sociales. Se mide por las víctimas rescatadas, por las organizaciones criminales desmanteladas, por las sentencias obtenidas y por la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones.
Porque al final, el problema nunca fue decir “Papalocla”.
El verdadero problema sería que ese lapsus termine simbolizando una Fiscalía más preocupada por la narrativa que por los resultados.
Y eso, para un estado que carga desde hace décadas con la sombra de la trata de personas, ya no provoca risa.
Provoca preocupación.
