Por: Alberto Amaro
Una adolescente de 15 años, diagnosticada con epilepsia, enfrenta el desabasto de levetiracetam y valproato de magnesio en el Hospital General de Zona número 2 del IMSS, en Apizaco. Su familia tiene que comprar de su bolsillo los medicamentos que el sistema de salud debería garantizarle.
El discurso de que en Tlaxcala existe un sistema de salud que garantiza atención digna y medicamentos para todos se estrella contra la realidad de una menor de 15 años que, desde hace casi tres meses, enfrenta el desabasto de medicamentos anticonvulsivos en el Hospital General de Zona número 2 del IMSS, ubicado en Apizaco.
Por tratarse de una menor de edad, se reserva su identidad.
La adolescente fue diagnosticada con epilepsia y, de acuerdo con la indicación de sus médicos tratantes, requiere levetiracetam de 1000 miligramos cada 12 horas, medicamento anticonvulsivo indispensable para controlar y prevenir las crisis epilépticas.
Sin embargo, desde el pasado tres de junio, cuando fue emitida la receta número 30 B 2885205, la familia comenzó a enfrentar problemas para obtener el medicamento en la farmacia del IMSS-Bienestar.
La situación se repitió durante julio y agosto. De acuerdo con lo informado a la familia en el área de farmacia, existe un desabasto considerable del medicamento.
En otras palabras: una adolescente que necesita diariamente un tratamiento para evitar convulsiones se ha quedado sin el medicamento que le fue prescrito por sus propios médicos.
Y mientras el IMSS argumenta falta de medicamentos, la familia tiene que hacer lo imposible para conseguirlos por cuenta propia y evitar que la menor sufra una crisis que pueda ponerla en peligro.
Su padre explicó que, cuando el hospital no tiene el medicamento, debe acudir a farmacias particulares y comprarlo con sus propios recursos. No hacerlo representa un riesgo que la familia no está dispuesta a asumir.
La preocupación no es menor. Una crisis epiléptica puede provocar caídas, golpes y lesiones accidentales, además de afectar la vida cotidiana de la adolescente. Para sus padres, la pregunta es inevitable: ¿qué tiene que pasar para que el sistema de salud cumpla con algo tan básico como entregar un medicamento que ya fue prescrito por un especialista?
Otro medicamento tampoco está disponible
El problema no terminó con el levetiracetam.
El pasado 18 de agosto, la menor fue valorada en el Hospital Siglo XXI, donde un neurólogo determinó que deberá continuar durante 12 meses con el tratamiento de levetiracetam y agregó valproato de magnesio de 200 miligramos.
Pero nuevamente apareció la misma respuesta: el IMSS-Bienestar tampoco pudo surtir el nuevo medicamento.
Así, la familia se encuentra ante una situación que resulta todavía más grave: una menor con una enfermedad neurológica que requiere tratamiento continuo, con recetas expedidas por especialistas, pero sin garantía de que los medicamentos estén disponibles en la institución pública encargada de proporcionarlos.
El derecho a la salud no es un favor
El caso no solamente representa una falla administrativa. Cuando el desabasto impide que una menor acceda de manera oportuna a un medicamento indispensable para controlar una enfermedad, está en juego el derecho humano a la salud.
El artículo 4° de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y establece que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, debe prevalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 50, establece que las personas menores de edad tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a recibir servicios de atención médica gratuitos y de calidad, así como la asistencia médica y sanitaria necesaria.
México también está obligado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que el derecho a la salud comprende la disponibilidad de establecimientos, bienes y servicios de salud, incluidos los medicamentos esenciales.
Incluso los estándares internacionales establecen que los servicios de salud deben cumplir con criterios de disponibilidad, accesibilidad y calidad, lo que incluye contar con medicamentos y equipo médico científicamente aprobados.
Por ello, el argumento de que simplemente “no hay medicamento” difícilmente puede convertirse en una respuesta suficiente para una familia que tiene frente a sí a una adolescente con epilepsia y una prescripción médica que debe cumplirse.
El caso exhibe una de las contradicciones más dolorosas del sistema de salud: los médicos prescriben, pero la institución no surte; las recetas existen, pero los medicamentos no aparecen; y finalmente son los padres quienes terminan pagando de su bolsillo lo que debería garantizar el Estado.
Mientras tanto, una menor sigue dependiendo de que su familia tenga dinero para comprar el tratamiento que necesita para evitar una crisis.
El IMSS podrá hablar de cobertura, programas y servicios; pero para esta familia la realidad es mucho más sencilla: una adolescente necesita medicamentos para controlar su epilepsia y el sistema público de salud no se los está garantizando.
La pregunta queda sobre la mesa para las autoridades del IMSS en Tlaxcala:
¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar una menor para recibir el tratamiento que sus propios especialistas le ordenaron?
