Por Alberto Amaro
En tiempos en los que la relación entre gobiernos, medios de comunicación y sociedad suele estar marcada por la desconfianza, cualquier espacio que permita preguntar, cuestionar y obtener respuestas merece ser observado con seriedad.
En Tlaxcala, los Diálogos Circulares, impulsados desde la Coordinación de Comunicación Social que encabeza Antonio Martínez Velázquez, representan precisamente eso: un mecanismo permanente de comunicación entre funcionarios públicos y periodistas.
Y hay que reconocerlo: no es poca cosa.
De acuerdo con información del propio Gobierno del Estado, los Diálogos Circulares ya superan las 100 ediciones y fueron planteados como un espacio en el que periodistas pueden cuestionar a funcionarios, llevar las inquietudes de la ciudadanía y obtener respuestas sobre asuntos de interés público.
Pero más allá del nombre o del formato, existe algo mucho más importante detrás de este ejercicio: el derecho de la sociedad a estar informada.
La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas. La libertad de expresión tampoco pertenece exclusivamente a quienes trabajan frente a un micrófono, una cámara o una computadora.
Son derechos de todos.
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y que este derecho comprende la posibilidad de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio.
La misma protección aparece en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Además, establece que no debe existir censura previa y que la libertad de expresión no puede ser restringida mediante mecanismos indirectos destinados a impedir la circulación de ideas y opiniones.
Esto tiene una consecuencia fundamental: cuando un periodista pregunta, también está ejerciendo el derecho de la sociedad a conocer.
El reportero pregunta, pero detrás de esa pregunta hay miles de ciudadanos.
El periodista cuestiona una obra pública, pero detrás de esa pregunta está el ciudadano que paga impuestos.
El reportero pregunta por seguridad, salud, educación, programas sociales o decisiones políticas, pero detrás de esa interrogante está una sociedad que tiene derecho a saber qué hacen sus autoridades y cómo utilizan los recursos públicos.
Por eso resulta positivo que desde una oficina gubernamental exista un espacio periódico para responder.
La democracia necesita preguntas
Una democracia sin preguntas corre el riesgo de convertirse en propaganda.
Una democracia con periodistas que preguntan, funcionarios que responden y ciudadanos que reciben información tiene mejores posibilidades de construir instituciones transparentes.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que la libertad de expresión es indispensable para las sociedades libres y democráticas y que también es necesaria para hacer efectivos los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Ese principio encaja perfectamente con la lógica de los Diálogos Circulares.
Porque un gobierno no solamente debe hacer.
También debe explicar.
Debe informar qué está haciendo, por qué lo hace, cuánto cuesta, a quién beneficia y cuáles son los resultados.
Y cuando existen cuestionamientos, debe existir la posibilidad de plantearlos públicamente.
Ahí es donde la labor de Antonio Martínez Velázquez adquiere relevancia: desde la comunicación social se ha construido un espacio que busca mantener una conversación constante con los medios y, a través de ellos, con la sociedad.
El derecho a saber también es de los tlaxcaltecas
A veces se comete el error de pensar que la libertad de prensa únicamente protege al periodista.
No.
La libertad de prensa tiene una dimensión social.
La propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las agresiones contra periodistas buscan silenciarlos y, al hacerlo, afectan también el derecho de la sociedad a acceder libremente a la información.
Por eso defender a la prensa no significa defender únicamente a los periodistas.
Significa defender el derecho de los ciudadanos a saber.
En Tlaxcala, una persona que vive en Huamantla, Apizaco, Chiautempan, Tlaxco, Calpulalpan o cualquiera de los 60 municipios tiene exactamente el mismo derecho a conocer qué está haciendo su gobierno.
Y los medios de comunicación son una de las principales vías para que esa información llegue a la ciudadanía.
Un ejercicio que puede seguir creciendo
Los Diálogos Circulares no tienen que ser perfectos para ser valiosos.
Como cualquier mecanismo de comunicación pública, pueden perfeccionarse.
Pueden ampliarse las posibilidades de participación, incorporar más voces, permitir mayor diversidad de medios y garantizar que los cuestionamientos ciudadanos tengan espacio.
Pero el punto de partida es positivo: crear un espacio permanente de conversación entre quienes gobiernan y quienes tienen la responsabilidad profesional de preguntar.
Incluso existen ejemplos concretos de cómo estos encuentros permiten que información pública llegue directamente a la sociedad. En junio, por ejemplo, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública informó durante un Diálogo Circular sobre la ampliación de los apoyos que puede recibir cada persona.
En agosto, otro diálogo fue utilizado para abordar públicamente señalamientos relacionados con el supuesto condicionamiento de programas públicos y para explicar la postura institucional del Gobierno del Estado.
Eso demuestra que el formato puede servir para algo más que difundir actividades oficiales: puede convertirse en una herramienta para explicar decisiones públicas y responder ante temas que generan inquietud social.
Comunicar también es rendir cuentas
En política, informar no debería entenderse como un favor.
Es una obligación democrática.
Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen sus gobernantes.
Los periodistas tienen derecho a preguntar.
Los funcionarios tienen la responsabilidad de responder.
Y la sociedad tiene derecho a formar su propia opinión después de escuchar las distintas versiones.
Ese es precisamente el valor de la libertad de expresión: no obliga a todos a pensar igual; permite que todos puedan conocer, cuestionar, debatir y formar su propio criterio.
Por eso los Diálogos Circulares merecen ser reconocidos como un ejercicio que, con sus áreas de oportunidad y posibilidades de mejora, apunta en la dirección correcta.
Porque cuando un gobierno abre un espacio para que la prensa pregunte, cuando un periodista puede llevar las inquietudes de sus lectores y cuando una respuesta oficial queda expuesta públicamente, existe algo que va mucho más allá de una conferencia de prensa.
Existe comunicación democrática.
Y en una democracia, informar al pueblo no es un acto de generosidad del gobierno.
Es respetar un derecho.
El derecho de los tlaxcaltecas a saber.
El derecho de los periodistas a preguntar.
El derecho de la prensa a informar.
Y el derecho de todos a expresarnos libremente.
Porque, al final, un pueblo informado es un pueblo con mayores herramientas para decidir, cuestionar y participar en la vida pública.
Claro como todo nuevo existen fallas y errores, pero el pueblo está informado que es algo que se había perdido en Tlaxcala, dejando aún lado la versión “Dice la gobernadora que por amor a Tlaxcala”
